Celaá pide la dimisión del ministro Wert al entender que “no es capaz de gestionar la educación”

La consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco, Isabel Celaá, ha pedido la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, por entender que “no es capaz de gestionar la educación”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de 'Ley orgánica de mejora de la calidad educativa' (LOMCE), una modificación de la legislación que rige el sistema educativo estatal.

En un comunicado, Celaá, que ya mostró su rechazo a las propuestas presentadas a las comunidades en la última conferencia de Educación por su “nefasto efecto” sobre Euskadi, ha denunciado que el texto definitivo “incorpora nuevas modificaciones que en ningún momento se anunciaron”.

De esta manera, se ha referido a la reducción del 45 al 35 por ciento de las horas del currículum que los gobiernos autonómicos con lengua propia podrán definir. Esta novedad, “un movimiento realizado de espaldas a las comunidades”, ha empujado a la consejera a pedir la dimisión de Wert por “haber dejado claro que no es capaz de gestionar la Educación”.

En opinión de Celaá, “la Ley destila pura ideología conservadora y recentralizadora, y supone un atentado contra el autogobierno llevado a cabo por la puerta de atrás y sin ningún ánimo de consenso”.

“Está claro que el ministro Wert desconoce el funcionamiento del Estado autonómico y que no tiene ningún respeto por las comunidades”, ha añadido. Para la consejera, “debería dejar paso a otra persona mejor cualificada para gestionar la Educación, capaz de dialogar y llegar a acuerdos”, puesto que la legislación educativa “no puede estar cambiando cada día”.

Asimismo, la consejera ha señalado que Wert “debería preguntarse por las razones que llevan a todos los agentes educativos a dejarle plantado”. Por otro lado, ha apuntado que, con el nuevo marco legal, las comunidades autónomas “quedan relegadas a un mero papel consultivo, cuando la competencia de Educación es compartida”.

Celaá ha subrayado que la reducción del número de horas que al Gobierno vasco le corresponde fijar del currículum es “especialmente dañina” porque pone al Ejecutivo autonómico “contra las cuerdas”.

“Actualmente, la asignatura de Euskera ya ocupa más de un 10 por ciento de las horas del currículo, por lo que la nueva situación nos va a dejar sin margen de maniobra para profundizar en las materias que consideremos estratégicas para Euskadi”, ha explicado.

Hoy en día, las dos lenguas oficiales del País Vasco tienen un peso horario similar, por lo que mantener esta situación con el nuevo marco normativo “limitaría mucho el desarrollo curricular propio, especialmente, porque la misma propuesta legal refuerza las horas de lengua y literatura castellana”.

DIAGNÓSTICO “ERRÓNEO”

Estas novedades se unen a las propuestas que previamente ya había avanzado el Ministerio y que no se han visto modificadas en su redacción del anteproyecto de la LOMCE, como la realización de exámenes a modo de reválidas al final de la ESO y de Bachillerato o lo que Celaá identifica como “la transformación de la Formación Profesional en una vía de segunda para el alumnado con dificultades”.

“Son medidas que resultarán nefastas para nuestro sistema educativo, que parten de un diagnóstico erróneo y que pretenden solucionar un problema que no existe en Euskadi”, ha indicado la titula vasca de Educación.

En esta línea, ha añadido que dichas iniciativas “están tan equivocadas que hacen plantearse si el único interés que realmente esconden no será descargar de competencias a los gobiernos autonómicos”.

“SORPRESAS DESAGRADABLES”

La consejera ha indicado que en el texto de la ley también se incluyen otras “sorpresas desagradables”, como la modificación del anterior marco normativo (Ley orgánica de la Educación) para que ampare la creación de rankings de centros o la especificación de que las reválidas, necesarias para obtener el título, tendrán que ser realizadas por “expertos externos”. Para Celaá, se trata de dos medidas que “evidencian aún más el claro desconocimiento que tiene el ministro Wert del sistema educativo”.

“Si realizan un ranking de centros lo único que conseguirán es el rechazo frontal de la comunidad educativa, que dejará de involucrarse en el proceso de mejora de resultados que ya hace tiempo que arrancamos en Euskadi por medio de las evaluaciones diagnósticas”, ha vaticinado. Desde su punto de vista, esta situación “restaría cualquier credibilidad a la clasificación de colegios”.

En cuanto a que los exámenes similares a las reválidas deban ser realizados por “expertos externos” y que sea suya la competencia para determinar qué alumnos titulan, la consejera ha criticado “la clara falta de confianza” que implica hacia la labor de los docentes y la “merma que supondrá sobre su autoridad respecto a los alumnos”. “Hay que preguntarse qué coste van a tener estas evaluaciones y quién se hará cargo de pagarlo”, ha finalizado.

“FIRME RECHAZO” DEL GOBIERNO VASCO

Por su parte, el Gobierno vasco, en un comunicado, ha manifestado su “total y más firme rechazo” a la modificación de la ley por considerar que supone “una vuelta atrás que incorpora el propósito descarado de recuperar para la Administración central competencias que corresponden a las comunidades autónomas”.

“Este intento de recentralización supone un ataque directo al Estado de las Autonomías y a nuestro autogobierno que no vamos a consentir”, se ha señalado desde el Ejecutivo.

Además, ha estimado que esta reforma “no responde a los objetivos de mejora de la calidad de la educación y reducción del fracaso escolar, sino a los intereses de la ideología más conservadora, que nos retrotrae a postulados de los años sesenta del siglo pasado”.

“Segregar tempranamente al alumnado, establecer pruebas externas para clasificar a los centros o expulsar del sistema a quienes tienen más necesidades no es precisamente avanzar, sino retroceder”, ha apuntado.

Por ello, el Gobierno vasco ha anunciado que utilizará “todos los resortes” a su alcance para oponerse a una reforma “retrógrada y vulneradora del autogobierno”, y para evitar que su aplicación “deteriore la calidad de la educación en Euskadi”.