Cifuentes acude a la Asamblea de Madrid por los informes de la Guardia Civil que la vinculan con la financiación ilegal del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se enfrenta este viernes a su primer mal trago político desde que tomó las riendas del gobierno regional hace ahora dos años. La dirigente del PP comparece a petición propia y de todos los grupos de la oposición en la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid para aclarar las supuestas irregularidades que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en dos informes referidos a los años 2009 y 2011.

En esos informes la UCO señala que Cifuentes favoreció a la empresa Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, en los procesos de licitación y adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid. En aquella etapa, Cifuentes ocupaba el cargo de vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea de Madrid y de presidenta de la mesa de contratación de la Asamblea.

Además, Cifuentes era patrona de la fundación del PP de Madrid, Fundescam, a la que supuestamente se le atribuye el desvío de las subvenciones que recibía para sufragar gastos electorales de la campaña del PP madrileño. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investiga el caso Lezo y la Púnica, ha decidido de momento no imputarla en ninguno de estos escándalos.

La comparecencia de Cifuentes ha despertado mucho interés mediático al ser la primera vez que la dirigentes del PP ha sido relacionada con casos de corrupción política, justamente cuando su obsesión ha sido aparecer como la única que ha conseguido pasar página de la etapa más oscura protagonizada por sus antecesores.

Precisamente por eso, la propia Cifuentes ve detrás de todo este asunto no solo “fuego amigo”, sino un intento de “linchamiento” por parte de los grupos de la oposición a los que acusa de actuar como la “Triple Inquisición” y de buscar únicamente “picar carne”. Ese intento de erosionarla políticamente no se lo achaca solo a Podemos, que ha registrado una moción de censura contra ella que será debatida el próximo día 8 por el Pleno del Parlamento sin más apoyo que el del propio grupo morado. También lo ve en el PSOE y en Ciudadanos, partido con el que siguen manteniendo vivo el acuerdo de investidura y cuya ruptura los de Ignacio Aguado supeditan a que sea imputada.

En un principio, la mesa de la Asamblea acordó que Cifuentes compareciera en solitario en una sesión extraordinaria con caracter “urgente”. Pero en la última reunión que celebró la mesa de la comisión la semana pasada, el PP –que no había ejercido hasta ese momento su derecho a su cupo de comparecientes– deslizó el nombre de Antero Ruiz, exdiputado de IUCM, que fue vicepresidente tercero e integrante de la Mesa de Contratación durante la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea. Su comparecencia fue aprobada y su interrogatorio tendrá lugar antes que el de Cifuentes.

La decisión ha enfadado a Podemos. Según su portavoz en la comisión de corrupción, Miguel Ongil, el aceptar la comparecencia de Ruiz ha sido “una maniobra” tomada “en el último minuto con el benepláctito del PSOE”, grupo al que acusa de querer “embarrar politicamente el terreno”. Antero Ruiz fue suspendido en 2014 cautelarmente de militancia de IUCM. La coalición de izquierdas forma ahora parte de Unidos Podemos.

Encarnación Moya, portavoz del PSOE, rechaza estas acusaciones y recuerda que el PP “estaba en su derecho de meter una comparencia” y que la mesa no podía oponerse.

El formato de ambas comparecencias será similar al de las anteriores que habido en la comisión de corrupción con otros temas. Es decir, tiempos corridos de 20 minutos para el interrogatorio de cada grupo tanto a Antero Ruiz como a Cifuentes, que tendrán que responder de inmediato a cada pregunta. Posteriormente, cada grupo tendrá otros cinco minutos para sus cerrar el debate.

La comisión empezara a la diez de la mañana y según el orden aprobado, las intervenciones de los grupos serán de menor a mayor: primero lo hará el portavoz de Ciudadanos, César Zafra; después Miguel Ongil , de Podemos, y luego Encarnación Moya, portavoz del PSOE. El último grupo en intervenir será el PP.

Cifuentes: las decisiones eran “colectivas”

La estrategia de Cifuentes, según cuentan los suyos, se basará en demostrar que “no tiene nada que ocultar” ya que todas las actuaciones que tomó la mesa de contratación estaban “ajustadas a la legalidad”. Además, se escudará en que no fue una decisión individual, sino tomada “por unanimidad” en la que participaron tanto los representantes de los demás partidos políticos como los técnicos de la Administración“,

Ongil cree que los populares utilizarán su turno “para atacar a la oposición”, “no para intentar esclarecer los hechos”. El grupo morado está convencido de que que existen claras responsabilidades políticas en la actuación de Cifuentes por lo que han presentado la moción de censura. “Ella aparece en todas partes, está en la mesa de contratación, es patrona de Fundescam y también estaba en el comité electoral de la campaña que supuestamente fue financiada ilegalmente a través de esta fundación”. “No puede esconderse detrás de funcionarios”.

La diputada del PSOE, Encarnación Moya, prefiere no prejuzgar antes de tiempo lo que va a hacer el PP y afirma que no le gusta que se diga que van a someter a Cifuentes a un “interrogatorio”. “No somos fiscales y lo del interrogatorio suena a tercer grado. Lo que nosotros haremos son preguntas para que Cifuentes aclare las dudas que hay sobre todos estos temas”.

Moya, además, no cree que la comparecencia del viernes pueda ser considerada como “un ensayo general” de la moción de censura del día 8 ni “del cara a cara” que va a evitar la dirigente del PP ese día, como admiten en Podemos. La portavoz socialista considera que la moción “será un acto fallido” y en la comisión “se va a tratar sobre un tema concreto”.

Por su parte, César Zafra, portavoz de Ciudadanos, afirma que esperan que la presidenta regional les aclare “todo lo que ha ocurrido porque hasta ahora básicamente lo único que ha dicho es que la UCO ha hecho un informe que no vale para nada, que ella no tiene culpa de nada y no ha hecho nada malo”. “No puede centrarse en que no ha hecho nada ilegal”, afirma Zafra.

Cifuentes también tendrá que contestar esta mañana en el Pleno del Parlamento a las preguntas de la oposicion sobre la adjudicación de la cafetería al empresario Fernández.