Colombia insiste en que la CIJ no es competente en el litigio con Nicaragua

Colombia insistió hoy ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en que el alto tribunal de la ONU no es competente para resolver la disputa limítrofe que le enfrenta a Nicaragua por las supuestas violaciones por su parte de los límites en el Caribe redefinidos por los jueces de La Haya en 2012.

La CIJ abrió hoy una primera ronda de audiencias que estarán dedicadas únicamente a las objeciones preliminares presentadas por Colombia, que defiende sus argumentos legales.

El agente de Colombia ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, jurista colombiano y exembajador de Colombia en los Países Bajos, insistió en la audiencia en que la CIJ “no es competente” para resolver la disputa limítrofe que enfrenta a Nicaragua.

Igualmente destacó que no existe “jurisdicción en este caso por parte de la CIJ”.

En este sentido recalcó que “la visión de Colombia” está “comprometida totalmente con la ley” y que el Gobierno de Bogotá “rechaza” las acusaciones realizadas por parte del Ejecutivo nicaragüense, que intenta mostrarse como “víctima” en este caso.

Arrieta sostuvo que la demanda nicaragüense llegó como “completa sorpresa” para Bogotá y “era muy frustrante para Colombia” dada la “pacífica situación en el mar y las declaraciones repetidas de las partes de su voluntad de tratar de negociar un tratado para implementar la sentencia” de la Corte de 2012.

Dijo también que las acciones de Colombia en el archipiélago desde la sentencia de la CIJ en noviembre de 2012 han tenido el objetivo de cumplir su obligación en la zona, “proteger el archipiélago y sus gentes, acorde con el Derecho internacional, a diferencia de Nicaragua”.

Asimismo, el consejero legal y miembro de la Comisión de Derecho Internacional, Michael Wood, recordó que el país andino denunció el Pacto de Bogotá por el que aceptaba la jurisdicción de la CIJ.

En este sentido dijo que “la argumentación de Colombia basada en el artículo 56 de Pacto de Bogotá” mediante el cual denunció el tratado, deja claro que “la Corte no tiene jurisdicción con los procedimientos en relación al caso denunciado por Nicaragua”.

La denuncia del tratado el 27 de noviembre de 2012 ante la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo “efecto inmediato con respecto a la iniciación de nuevos procedimientos contra Colombia”, señaló Arrieta, y Nicaragua registró su denuncia un año después, el 26 de noviembre de 2013, un paso que calificó de “artificial”.

Sostuvo que en aquel momento “no solo no hubo disputa”, sino que Managua no había “ni siquiera indicado a Colombia que creían que estábamos violado sus espacios marítimos o amenazándoles con el uso de la fuerza”.

El 19 de noviembre de 2012 el alto tribunal de la ONU remodeló la frontera marítima entre ambos países.

Los jueces dejaron bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgaron una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y en más de 90.000 el país centroamericano.