Colombia abre la puerta a una paz total con el sometimiento del Clan del Golfo

El anuncio que hizo hoy la banda criminal Clan del Golfo, la mayor y más temida de Colombia, de someterse a la justicia, abre la posibilidad de una pacificación casi total del país, que ha sufrido más de medio siglo de conflicto armado.

El presidente Juan Manuel Santos fue el encargado de darle a Colombia el mensaje de que el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país surgida de la desmovilización de los grupos para militares, va a someterse a la justicia.

Lo hizo por sorpresa, durante la posesión de magistrados de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

“El pasado 3 de septiembre recibimos del jefe del Clan del Golfo una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la justicia”, dijo el jefe de Estado, quien enfatizó se trata de “un sometimiento a la justicia, no de una negociación política” pues la organización es considerada un grupo de delincuencia común sin alcances políticos, como los grupos guerrilleros.

Horas después del anuncio del presidente Santos, el capo del Clan del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, confirmó a través de un vídeo distribuido en sus redes sociales que su grupo está negociando con el Gobierno un sometimiento a la justicia.

“Otoniel” aseguró hablar como “comandante general” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se autodenomina el Clan del Golfo, y dijo que tienen “voluntad firme” de que “en Colombia se consolide la paz total”.

Las AGC nacieron tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y se convirtieron en la banda criminal más buscada del país, que mantiene la actitud política apenas como fachada para sus actividades narcotraficantes.

Según “Otoniel”, “una vez estén dadas las condiciones”, la organización está dispuesta a suspender todas sus actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico, la extorsión y el asesinato de policías.

Asegura también su líder que el Clan del Golfo busca ser parte del fin del conflicto para el desarme de todos los grupos armados del país.

Si el anunciado sometimiento se logra cristalizar, Colombia quedaría a un paso de la paz total porque la que era la mayor guerrilla del país, las FARC, se desmovilizó y ahora es un partido político llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que tiene como presidente a Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”.

Además, el anuncio del Clan del Golfo se produce un día después de que el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaran un acuerdo de cese bilateral del fuego que comenzará el próximo 1 de octubre y que se extenderá por 102 días.

Para Santos, “si ese sometimiento (del Clan del Golfo) se da, también sería una gran noticia para la tranquilidad de los colombianos porque ese es el otro origen de la violencia que todavía queda después de haber firmado la paz con las FARC”.

Con este panorama, solo quedarían fuera del control de la justicia reductos de grupos que se presentan como organizaciones guerrilleras, caso del Ejército Popular de Liberación (EPL), pero a los que el Gobierno solo reconoce como bandas delictivas.

También están fuera de la ley las disidencias de las FARC, pequeños grupos que operan en los departamentos del Guaviare, Vichada, Meta y Nariño, principalmente.

Para la Fundación InSight Crime, una institución de investigación independiente, el Clan del Golfo se estaba expandiendo y puede estar a la defensiva.

“Dado que el bastión del grupo en las selvas de Urabá ha sido sitiado por las fuerzas del Estado, Los Urabeños (como también son conocidos) han intentado trasladar sus operaciones de la región noreste del Caribe colombiano a la región Pacífica”, dice la institución.

Agrega que “como sus facciones en diversas partes del país se están enfrentando a rivales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Rastrojos, el grupo podría tener problemas para eludir a las fuerzas del Estado o para defenderse de ellas”.

Las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita la captura del capo “Otoniel”, en tanto que el Gobierno colombiano tiene una oferta de 3.000 millones de pesos (poco más de un millón de dólares).