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La Comisión de Código Ético decidirá en unos días sobre la continuidad de Toña al frente del Departamento de Empleo

La Comisión del Código Ético del Gobierno vasco decidirá en unos días sobre la continuidad en el cargo del consejero de Empleo y Política Sociales, Ángel Toña, después de que una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya le haya inhabilitado como administrador concursal.

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La noticia se conoció este miércoles, un día después de que Toña tomara posesión de su cargo, y éste dio explicaciones al lehendakari, Iñigo Urkullu, y puso en conocimiento de la Comisión del Código Ético toda la información sobre su inhabilitación judicial como administrador concursal para que adoptara una decisión.

La citada Comisión está compuesta por el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, la directora del Instituto Vasco de Administración Pública, Maite Iruretagoiena, el filósofo Daniel Inerarity, y la jurista Elisa Pérez Vera.

El punto 16.6 del Código Ético establece que los miembros de la Comisión de Ética Pública están obligados "a guardar secreto" sobre toda la información de la que hayan tenido conocimiento durante el ejercicio de sus funciones; en particular, sobre los hechos examinados, el contenido de las investigaciones y deliberaciones y las decisiones adoptadas, así como sobre los datos de carácter personal".

Tampoco podrán hacer ninguna declaración pública o privada sobre estas cuestiones y "sobre el procedimiento en curso que se trate" en este órgano. De esta forma, sólo podrán hacerse públicas "las decisiones finales" que se resuelvan sobre el procedimiento cuando se le hayan notificado a la persona o personas interesadas.

De esta forma, no se espera que se conozca ninguna decisión sobre la continuidad o no de Ángel Toña al frente del Departamento de Empleo y Políticas Sociales hasta dentro de unos días.

CÓDIGO ÉTICO

En mayo de 2013, el Gobierno vasco aprobó el 'Código Ético y de Conducta de los cargos públicos y personal eventual de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi', una medida con la que el Ejecutivo pretendía "recuperar la confianza de la ciudadanía vasca en sus instituciones".

En ese Código se identifican cuáles son las conductas y comportamientos exigibles de los cargos públicos que forman parte de la alta dirección ejecutiva del Gobierno vasco. El texto establece una serie de principios como son los de imparcialidad y objetividad; responsabilidad por la gestión; transparencia y Gobierno abierto; honestidad desinterés subjetivo; respeto y ejemplaridad.

En concreto, en uno de sus puntos el Código establece que los cargos públicos, como "espejo de la institución", deben evitar "cualquier acción u omisión que perjudique, siquiera sea mínimamente, el prestigio, la dignidad o la imagen institucional de la Administración General o Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, evitando así minar la confianza que la ciudadanía tiene en su sistema institucional".

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