Comisión del PE respalda la reforma de la política de Cohesión para 2014-2020

La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo (PE) ha respaldado hoy la reforma de la política de cohesión para 2014-2020, que incluye nuevas normas para la concesión de fondos comunitarios a las regiones de los Estados miembros de la UE.

La nueva normativa ha sido respaldada hoy en una reunión extraordinaria de la citada comisión, de modo que ahora antes de su entrada en vigor debe ser aprobada en la sesión plenaria de la Eurocámara y recibir el visto bueno de los Estados miembros.

El voto de hoy supone “un gran paso” hacia la futura política de cohesión de la UE, un instrumento destinado a “apoyar la economía real, a fomentar la creación de empleo, la financiación de las pymes, la innovación y el desarrollo sostenible”, afirmó el comisario europeo de política regional, Johannes Hahn.

La partida de política de cohesión incluida en el presupuesto europeo para 2014-2020 -aún pendiente de la aprobación definitiva de la UE y del PE- incluye 325.000 millones de euros, una cantidad que ascenderá a 500.000 millones incluyendo la aportación de los Estados miembros.

Las regiones recibirán fondos en función de su integración en la categoría de “menos desarrolladas” (aquellas cuyo PIB sea igual o menor al 75 % de la media de la UE), “en transición” (con un PIB de entre el 75 % y el 90 % de la media europea), o “más desarrolladas” (con un PIB superior al 90 %).

La nueva normativa identifica cuatro sectores “prioritarios” de inversión para los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER): la innovación y la investigación, la agenda digital, el apoyo a las pymes y la economía baja en carbono.

Por otra parte, el Fondo Social Europeo (FSE) se centrará en medidas relacionadas con el empleo como los sistemas de formación y de servicios sociales, y una parte importante del mismo irá para financiar la aplicación de la garantía juvenil europea.

Una de las novedades más destacadas de la nueva normativa para la concesión de fondos es la llamada “condicionalidad macroeconómica”, que obliga a los países a cumplir determinados indicadores económicos, como el déficit, para poder recibir las ayudas regionales.

Esta medida está siendo “una de las más discutidas” durante las negociaciones entre instituciones, según dijo Hahn, quien confió en que la suspensión de fondos para regiones “nunca tenga que ser utilizada” debido al incumplimiento de los objetivos macroeconómicos.

Asimismo, los Estados miembros y las regiones estarán obligados a anunciar los proyectos concretos a los que destinarán las inversiones y a informar sobre su evolución, con vistas a favorecer una mayor transparencia en la aplicación de los fondos.

El comisario europeo urgió a la Eurocámara y a los Estados miembros a aprobar de forma definitiva la normativa “lo antes posible”, y señaló que la aprobación de la misma es una “precondición” para poner en marcha los fondos regionales contemplados en el próximo presupuesto europeo.