El Congreso pide que el comité técnico de Justicia informe sobre la “inseguridad jurídica” de LexNET

El Congreso ha pedido este martes la comparecencia urgente del Comité Técnico Estatal de la Administración de Judicial Electrónica (CTAJE) para que informe sobre la “inseguridad jurídica” derivada de la implantación del sistema de notificación telemática LexNET, de uso obligatorio desde el pasado 1 de enero.

La proposición no de ley registrada por el PNV y defendida por Mikel Legarda ha sido respaldada por el resto de grupos tras ser transaccionada, contando únicamente con el voto en contra de los diputados del PP al innecesario que este comité comparezca en la cámara baja cuando tiene previsto informar sobre la aplicación de LexNET en el mes de junio.

Molinero ha reconocido, en la línea de lo que defiende el Ministerio de Justicia, “puntuales interrupciones” en LexNET. No obstante, ha añadido que estos problemas están siendo solventados “con toda rapidez” gracias al plan de seguimiento y control de este sistema que, de paralizarse, exigiría cambiar la ley de Enjuiciamiento Civil.

El Grupo Popular ha señalado que en las comunidades autónomas con las competencias no transferidas LexNET “funciona razonablemente bien”, mientras que en el resto se está haciendo un “gran esfuerzo” para su implantación. La oposición, por su parte, ha cuestionado la versión del Gobierno al criticar la “falta de adecuación” de los órganos judiciales.

“El papel cero todavía no es una realidad porque se imprime más papel que nunca”, ha resumido la diputada del PSOE María Such, que ha cuestionado los “tintes propagandísticos” del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá. Ester Capella, de ERC, ha añadido que la oposición está a favor del papel cero, “pero con seguridad jurídica para los usuarios”.

La Comisión de Justicia ha rechazado otra proposición no de ley en el mismo sentido defendida por Ciudadanos al no contar con el apoyo del PSOE en la reclamación de una moratoria en el uso exclusivo de LexNET, recogiendo la preocupación expresada por la Fiscalía General del Estado en el sentido de que las “disfunciones” del sistema obligan a que no se extienda más allá de los proyectos pilotos.

CLARIDAD DEL LENGUAJE JURÍDICO

El acuerdo por unanimidad sí se ha alcanzado en otra de las proposiciones de ley llevadas a la comisión por el PSOE para promover la claridad en el uso del lenguaje jurídico. Para ello, los socialistas han aceptado modificar la propuesta inicial para, como quería Podemos, incluir el uso de un lenguaje inclusivo que “no invisibilice a la mujer”.

En concreto, el Congreso ha instado al Gobierno a aplicar las recomendaciones emitidas por un grupo de expertos en 2011, dando cuenta en sede parlamentaria de las conclusiones de dicho estudio. “Los ciudadanos no nos comprenden”, ha lamentado Campo, que ha insistido en que “la claridad, calidad y accesibilidad del lenguaje jurídico es uno de los objetivos de las políticas públicas”.