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CRÓNICA

La frustración de la derecha por los resultados del 9J agrava el choque entre poderes del Estado

Protesta de jueces en Salamanca contra el pacto PSOE-Junts.

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Hay cosas que no merecen debate ni elevarse a categoría de noticia. Por ejemplo, que la tierra es redonda, que la luna es blanca, que los perros ladran, que los gatos maúllan, que España vive momentos de máxima tensión política, que la derecha no ha visto cumplidas sus expectativas tras las elecciones europeas… Y que en la Fiscalía General del Estado rige el principio de dependencia jerárquica y el de unidad de actuación. 

Esto último está en el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Igual que está también en el 27 que si los fiscales no comparten las órdenes de sus superiores, pueden pedir la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala para debatir el asunto y que, en todo caso, la decisión última corresponde siempre al fiscal general del Estado. Pura normalidad institucional.

Pero, claro, en estos tiempos de hiperbolización y polarización, cualquier asunto vale para tensar la cuerda o para llevar el cinismo al extremo. Porque, no, lo del portavoz del PP, Miguel Tellado, no puede ser ignorancia, sino impudor cuando contrapone en su cuenta de X (antes twitter) una declaración del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que sostiene “quien diga que presioné a un fiscal, no conoce el funcionamiento de la Fiscalía ni la dignidad de los fiscales” y la orden a los fiscales del procés para aplicar la amnistía en todos los delitos, como si lo primero contradijera lo segundo.

¡Qué escándalo, aquí se juega! Al más puro estilo del capitán Renault, el sarcástico policía que llamaba a sus guardias a cerrar el local de Rick en Casablanca mientras un empleado le entrega un sobre diciéndole “aquí están sus ganancias de esta noche”. Tellado se escandaliza porque García Ortiz dé una orden a los fiscales del Supremo.  O es descaro o es ignorancia. Pero el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal sigue vigente y la concatenación de los hechos no es más que pura normalidad institucional. El PP y su trompetería mediática han descubierto ahora también que el fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno.

Si Sánchez no cae, que caiga el fiscal general

Hace tiempo que Álvaro García Ortiz es una pieza a batir por la derecha de Feijóo, pero con la aplicación de la ley de amnistía una vez ya entrada en vigor y con la  causa abierta por el desmentido de la Fiscalía a una noticia falsa sobre la pareja de Ayuso han decidido redoblar su ofensiva después de que la fiscal de Madrid declarase haber recibido la orden de desmentir el bulo. ¡Qué escándalo!

Por aclarar: el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, distribuye una información falsa sobre el Ministerio Fiscal que, sin contrastar, reproducen el diario El Mundo y dos medios digitales; la Fiscalía emite una nota para parar el bulo y a quien el Supremo está a punto de imputar es al fiscal general del Estado. Y si finalmente es así, García Ortiz dimitirá. Si Sánchez no cae, que no parece que vaya a caer de forma inminente, que caiga el fiscal general. 

Es un suma y sigue de la implacable estrategia que la derecha política desplegó contra el fiscal general desde el día de su nombramiento con la inestimable colaboración de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las asociaciones fiscales y los altavoces mediáticos del PP. Así que si alguien pensaba que tras el final de un largo ciclo electoral y con el resultado de las elecciones del 9J, se desinflamaría el ambiente político, está claro que se equivocó por completo. 

Nada cambiará. La frustración por los resultados de las europeas en los que fracasó el enésimo plebiscito que Feijóo planteó sobre Sánchez no ha hecho más que empeorar la situación y agravar, de paso, el choque entre poderes del Estado en una semana en la que el presidente del Gobierno lanzó un ultimátum al PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras cinco años y medio de bloqueo.

Nunca antes se había vivido un enfrentamiento semejante entre el poder judicial y el ejecutivo, muy por encima de lo hasta ahora acaecido entre otros gobiernos progresistas y un poder de tendencia mayoritariamente conservadora que, ahora, está además gobernado por un órgano elegido, en 2013, bajo la mayoría absoluta del primer Ejecutivo de Mariano Rajoy. 

No puede esgrimirse por tanto que el gobierno actúe de modo precipitado, como se ha escuchado, cuando el mandato de los miembros del CGPJ va más allá de los 2.000 días, contraviene de modo flagrante un mandato constitucional y el PP ha esgrimido en estos cinco años una retahíla de excusas para mantener una mayoría conservadora que no es la representada en el Parlamento. La decepción de la derecha por un 9J con el que acarició pero no logró la idea de que cayera Sánchez ha llevado a los de Feijóo a extremar aún más sus posiciones hasta el punto de hablar de chantaje, asalto al Poder Judicial y ataque a los jueces mientras hilvanaba otra excusa al reclamar una nueva mediación de Bruselas. Mención aparte merecen las apreciaciones de una Isabel Díaz Ayuso, que añadió un nuevo insulto a su inabarcable lista de descalificaciones contra Sánchez al llamarle “matón” por lo que ella entiende que es una “amenaza” a los jueces. 

La propuesta que deslizó, sin entrar en demasiados detalles el presidente del Gobierno, asumía el espíritu de una anterior que el presidente suplente del Consejo remitió hace meses al Congreso y al Senado para proponer que se modificara el sistema de nombramientos de magistrados del Supremo con el objetivo de desposeer al Consejo de esa competencia y de su consiguiente atractivo político para introducir criterios de experiencia y mérito. Pero vista la zapatiesta de la derecha judicial y política, Vicente Guilarte, se desdijo esta semana de la misma para sumarse al coro de críticas contra el órdago de Sánchez.

El PP aún no ha entendido que su denodado interés por cambiar el modelo de elección del CGPJ que no modificó cuando tenía mayoría para hacerlo no es motivo para no renovarlo e incumplir un mandato constitucional que impide el normal funcionamiento de las instituciones. Y cuenta para su insumisión con el apoyo de un sector de la judicatura y de no pocos medios afines a sus intereses ideológicos. Da igual que se hable del fiscal general, que de la aplicación de la amnistía, que de desbloquear al CGPJ, que de las actividades profesionales de Begoña Gómez que investiga un juez, pese a un informe de la UCO que no apreció indicios de delito, pese haber acotado su campo de actuación la Audiencia Provincial  y pese a haber sido desautorizado por la Fiscalía Europea, que ahora reclama una parte de la causa. Los de Feijóo saben que cuentan con la colaboración de la derecha judicial para cualquier ofensiva contra el gobierno.

Tanto es así que el CGPJ, con mandato caducado y mayoría conservadora, estuvo a un tris de irrumpir abiertamente en la campaña de las elecciones del 9-J porque los vocales a propuesta del PP promovieron un comunicado que, finalmente, fue aplazado a después de las elecciones en apoyo del magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, que creyó conveniente anunciar a cinco días vista de las elecciones que iba a citar dentro de un mes a la esposa del presidente como investigada. 

La entrada en vigor de la amnistía ha abierto la enésima batalla jurídico-política desde que gobierna Sánchez y ha dado ya las primeras señales de  un nuevo conflicto entre poderes, además de la batalla que se libra  en la Fiscalía, un organismo que está a caballo entre el poder judicial y el ejecutivo pero que forma parte de la estructura del Estado, y donde hay fiscales enfrentados abiertamente a García Ortiz. Dentro de la Fiscalía son mayoría, al igual que en la judicatura, los altos funcionarios de tendencia conservadora y los impulsores de la cruzada contra el fiscal general son los mismos de la causa del  procés en el Supremo.

Nueva ofensiva contra Bolaños en el Parlamento

Todos los esfuerzos del ministro de Justicia Félix Bolaños, por desinflamar la relación entre los poderes ejecutivo y judicial han resultado hasta ahora baldíos. Y no digamos sus intentos por apaciguar las aguas que bajan turbulentas desde el principal partido de la oposición para acordar la renovación del Consejo que el presidente Sánchez está dispuesto ahora a afrontar con o sin el PP si antes de dos semanas no hay acuerdo.

Tic, tac, tic, tac… Mientras pasan los días y llega la fecha, la actividad parlamentaria de la próxima semana augura más tensión entre los dos principales partidos. Y es que con el ministro Bolaños, aún convaleciente de una intervención quirúrgica, los de Feijóo han preparado una batería de preguntas en el Congreso y el Senado para el titular de Justicia: cinco preguntas en la Cámara Baja (dos de ellas aplazadas de la sesión anterior) y dos interpelaciones y seis en el Senado. Y todas sobre el Consejo del Poder Judicial y sobre Catalunya y la amnistía. La consigna de Génova es ¡más madera!, más tensión y más desprestigio de las instituciones hasta que caiga Sánchez. Luego, ya si eso, ya lo arreglarán ellos cuando lleguen al gobierno, como verbalizó en su día Cristóbal Montoro.

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