El nuevo Congreso tendrá sobre la mesa una reforma constitucional planteada por Asturias que ha estado congelada un año

El nuevo Congreso que surja de las elecciones del 20 de diciembre tendrá sobre la mesa, cuando se constituya el próximo 13 de enero, una propuesta de reforma de la Constitución auspiciada por el Parlamento asturiano que ha pasado un año 'congelada' en la Cámara Baja y que busca, entre otras cosas, potenciar la convocatoria de referendos y que éstos sirvan para derogar leyes.

Esta iniciativa, la primera reforma de la Carta Magna propuesta por un Parlamento autonómico que desembarcó en el Congreso, fue calificada por la Mesa de la Cámara en octubre de 2014, pero ahí acabó su recorrido parlamentario porque nunca se incluyó en el orden del día del Pleno para discutir si se aceptaba su tramitación.

Al tratarse de una propuesta procedente de una Cámara autonómica que no llegó a tramitarse, queda 'viva' para la siguiente legislatura. Así consta en la relación de iniciativas que no caducaron con la disolución del Congreso que este viernes publica el Boletín Oficial de las Cortes y que recoge Europa Press.

RECABÓ 7.500 FIRMAS

El texto asturiano, aprobado por PSOE, IU y UPyD y que recibió los votos en contra de PP y Foro Asturias, promueve la reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución Española, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en las leyes de consulta, tanto a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) como del Referéndum. Fue registrada formalmente por IU pero la impulsó 'Democracia directa', que logró recabar 7.500 firmas de apoyo.

En concreto, persigue que las iniciativas legislativas populares (para cuya presentación se requiere un mínimo de 500.000 firmas) puedan versar sobre derechos fundamentales y sobre los Presupuestos Generales del Estado, al contrario de lo que ocurre ahora.

También plantea que “decisiones políticas de especial trascendencia” se puedan someter a consulta popular (a la que llaman plebiscito en lugar de referéndum consultivo) sí así lo demanda un mínimo de “quinientos mil electores”, además de si lo pide, como ocurre ahora, el presidente del Gobierno previa autorización del Congreso. En cualquier caso tendrá que ser convocado por el Rey.

Asimismo, abren la puerta que se pueda someter a referéndum “la derogación de leyes en vigor, cuando así lo soliciten ante la Mesa del Congreso de los Diputados quinientos mil electores”, siempre que no afecten a impuestos, presupuestos, indultos o asuntos internacionales. El resultado del referéndum será “cuando haya participado en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y haya sido aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos”.

En la recién acabada legislatura, se presentaron otras dos propuestas de reforma de la Constitución promovidas, conjuntamente por la Izquierda Plural y el Grupo Mixto: Una buscaba revocar el artículo 135 que introdujeron el PP y el PSOE en 2011 para garantizar la estabilidad presupuestaria y su tramitación fue rechazada por el Pleno, y la otra perseguía reforzar la participación política y el pluralismo en el régimen electoral. Esta última ha caducado con la disolución de las Cortes.

Cuando finaliza una legislatura, caducan todas las iniciativas salvo las que tiene su origen fuera de la Cámara. Es decir, sólo pasan a la siguiente las propuestas autonómicas, las surgidas de la sociedad civil (iniciativas legislativa populares y peticiones ciudadanas) o las remitidas por otros órganos ajenos al Congreso y el Gobierno.

En este caso, cuando se constituya el nuevo Congreso en enero, se encontrará con seis iniciativas autonómicas: dos propuestas de reforma de estatutos (Comunidad Valenciana y Canarias), dos proposiciones de ley (enviadas por Baleares y Aragón), un convenio entre comunidades autónomas y la citada reforma constitucional asturiana.

Y LA SUPRESIÓN DEL VOTO ROGADO, ABANDONADA

Por contra, la proposición de ley que aprobó en su día el Parlamento gallego para acabar con el 'voto rogado' que exige a los emigrantes solicitar el voto para poder ejercerlo, ya no estará sobre la mesa en la nueva legislatura pues la disolución de las Cortes le ha pillado en fase de tramitación, ya que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en marzo de 2014 (desde entonces, las sucesivas prórrogas de enmiendas la han llevado al abandono).

En esa 'herencia' dejada por la X Legislatura se incluyen también cinco iniciativas legislativas populares y todas las reclamaciones de ciudadanos particulares que han llegado a la Comisión de Peticiones.

El futuro Congreso deberá analizar, asimismo, las memorias del CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Seguridad Nuclear del ejercicio 2014 y las nuevas Cortes tendrán que pronunciarse sobre un centenar de informes del Tribunal de Cuentas que no han pasado aún por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) en la que se discuten. Algunas de estas fiscalizaciones corresponden al año 2005.