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Denuncian la “deuda” de España con las víctimas del franquismo con motivo del Día de las Desapariciones Forzadas
La organización ha lamentado que España “no tiene nada que celebrar” en esta fecha y ha destacado que el “mejor homenaje” que el Gobierno puede rendir a las víctimas y a sus familias es el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la adopción de las medidas planteadas por los organismos de la ONU.
En este sentido, ha recordado que el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han reiterado que la Ley de Amnistía de 1977 “no puede seguir siendo excusa” para desoír las obligaciones internacionales de justicia, verdad y reparación para con las víctimas de desapariciones forzadas.
La ONG ha puesto de relieve que la petición de los familiares de las víctimas de conocer “la suerte y el paradero de sus seres queridos y obtener justicia y reparación, se siguen topando con la ausencia de medidas apropiadas por parte de las autoridades para garantizar sus derechos”.
Según explica, el Derecho Internacional conmina al Estado y a sus órganos judiciales a asegurar que se investiguen las desapariciones forzadas de manera exhaustiva y efectiva; identificar y enjuiciar a los responsables y, en su caso, sancionarlos con penas en las que se tenga en cuenta la gravedad de los crímenes; así como a reparar de forma completa e integral a las víctimas.
EL NUEVO CÓDIGO PENAL HA HECHO CASO OMISO A ESTAS EXIGENCIAS
“Las autoridades españolas deben admitir de una vez por todas la naturaleza continuada de la desaparición forzada y tipificar de manera expresa y autónoma el delito de desaparición forzada, reconocer expresamente su condición de crimen internacional y ajustar plenamente su definición a la que se contiene en el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, señala.
“En la reciente reforma del Código Penal se ha hecho caso omiso de las exigencias prescritas por las normas internacionales en esta materia”, denuncia en un comunicado.
Por todo ello, la organización concluye que “ya es hora de que el Estado español ponga fin a un comportamiento que ignora de forma deliberada y continuada los derechos de las víctimas de desaparición forzada a la justicia, verdad y reparación”.
