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La juez de los ERE niega la puesta en libertad de Guerrero por riesgo de fuga

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La juez dice que la documentación requisada puede abrir más vías en los ERE

La juez dice que la documentación requisada puede abrir más vías en los ERE

La juez que investiga el caso de los ERE falsos ha denegado la puesta en libertad al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero debido a que la investigación sigue abierta y bajo secreto sumarial y por el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que la juez Mercedes Alaya ha rechazado la libertad de Guerrero, encarcelado desde el 20 de marzo en la nueva fase de la investigación, centrada en las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras.

El abogado del ex alto cargo, Fernando de Pablo, ha presentado hoy un recurso ante la Audiencia de Sevilla, aunque dicho tribunal, en respuesta a los abogados que recurrieron directamente en apelación, confirmó la medida de prisión dictada por Alaya y la legalidad de las detenciones practicadas a mediados de marzo.

La nueva fase de investigación sobre los ERE ha llevado a prisión a siete personas, entre ellas tres directivos de Vitalia y el exsindicalista Juan Lanzas, mediador en los expedientes investigados.

De los siete encarcelados, solo el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, a quien la juez impuso 50.000 euros de fianza, pudo reunir la cantidad fijada y quedó libre al día siguiente.

Guerrero ya estuvo en prisión otros siete meses en 2012, en aquella ocasión por la rama principal del caso de los ERE.

En el último auto de prisión, Alaya le imputó haber recibido 303.588 euros "de procedencia desconocida" y haber aceptado regalos de viajes a Shangai y Egipto a cambio de no convocar concursos públicos para los procesos.

Alaya cree que ese dinero procedía de "retribuciones de los distintos partícipes en los hechos investigados que se han visto beneficiados por la concesión de ayudas públicas de manera irregular".

La Sección Séptima de la Audiencia, encargada de las apelaciones por los ERE, dictaminó el pasado 3 de mayo que no fueron nulas, ni superaron las 72 horas de duración máxima, las últimas detenciones practicadas por la Guardia Civil.

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