La Generalitat toma medidas para evitar casos de pederastia en casas de acogida

El Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat ofrecerá formación en temas de pederastia a los técnicos del Instituto Catalán de Acogida y Adopción (ICAA) para evitar que se repitan casos como el de Castelldans, donde un educador social abusó supuestamente de menores acogidos en su casa.

El ICAA ha aprobado un nuevo protocolo, al que ha tenido acceso Efe, en el que detalla algunas de las medidas de refuerzo que se emprenderán para mantener un mayor control y vigilancia de los niños tutelados por la Generalitat que viven acogidos en familias.

Este protocolo se ha aprobado tras el caso de los menores que, supuestamente, sufrieron abusos sexuales por parte de David D., un educador social, detenido y encarcelado, que había acogido a 14 menores tutelados en su casa de Castelldans (Lleida) desde 1997.

La formación en materia de pederastia también se ofrecerá a las diferentes instituciones colaboradoras de integración familiar (ICIF), es decir las entidades encargadas de vigilar que los menores están bien atendidos.

El protocolo pretende reforzar el conocimiento de las familias acogedoras, antes y después de la concesión de un menor, y que la administración conozca 'in situ' la situación real del niño o adolescente acogido.

Para dar la formación en pederastia, el Departamento de Bienestar Social contará con la colaboración de la Dirección General de Policía y de expertos en la materia para que ofrezcan elementos que les ayuden a detectar algún indicador que infunda sospechas de algún tipo de conducta de riesgo en alguna persona que haya presentado una solicitud de acogimiento familiar.

También para reforzar los controles de las personas acogedoras, el departamento ha previsto someter a las familias en las que se detecte alguna actitud o rasgo de personalidad extraño a la prueba denominada “MMPI-2 Inventario multifásico de personalidad de Minnessota-2”.

Se trata de un test que dura una media de 90 minutos y que es utilizado en el campo de la evaluación de la psicopatología en adultos en contextos clínicos, médicos y forenses que recoge información sobre los posibles trastornos en varias escalas y subescalas.

Otra de las novedades del protocolo es que cada vez que cambien las circunstancias de la familia acogedora, como separaciones, viudedad, paso de familia monoparental a dos miembros y otras, “será necesario hacer una actualización completa del informe psicosocial de valoración de la familia ya que el modelo de familia habrá cambiado”.

También se hará un nuevo informe en caso de cambio de domicilio y se establece que la periodicidad de los informes de seguimiento de los menores acogidos pasará de ser semestral a trimestral, además de establecer como obligatoria una visita al domicilio de acogida en los informes cada seis meses.

Según el nuevo protocolo, estos informes contendrán no sólo los datos del “desarrollo básico del niño” sino una descripción de su situación emocional y relacional y un apartado con un “espacio de escucha del menor”.

En las pautas para elaborar estos nuevos informes, el ICAA hace constar que se debe entrevistar al menor en un espacio “en el que se puedan captar y recoger las manifestaciones que quiera hacer el menor acogido, a solas con los profesionales que hacen el seguimiento de la acogida y donde el niño o la niña se puedan sentir cómodos y libres para hablar y para tratar cualquier tema que les pueda preocupar, angustiar, ilusionar”.

Actualmente, en Cataluña hay un total de 621 niños en situación de acogida con alguna familia, mientras que 287 se encuentran en lista de espera, una cifra muy baja respecto a los 7.104 niños tutelados que tiene la Generalitat.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, presentó el pasado lunes un informe sobre la medida de acogimiento de menores tutelados en familias en el que pide una mayor inversión para fomentar esta medida ya que, según él, es “el recurso más apropiado” para criar a los niños cuando su familia no puede.

El informe del Síndic revela que en 2012 se invirtieron cerca de 56.000 euros por niño en centros de acogida, 47.630 en centros residenciales de acción educativa y 26.682 en casas de niños, frente a los 5.774 que se destinaron por cada niño en acogimiento familiar en familia ajena.