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El Gobierno rechaza investigar a los 17 franquistas reclamados por Argentina

El Gobierno rechaza investigar a los 17 franquistas reclamados por Argentina

EFE

Madrid —

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El Gobierno ha rechazado crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes internacionales cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y que investigaría a los 17 imputados por la Justicia argentina, entre ellos exministros, por presuntos delitos contra los derechos humanos.

En estos términos ha respondido el Gobierno a una pregunta parlamentaria de Amaiur, en la que sostiene que no resulta “adecuado” crear “comisiones o grupos de averiguación” al margen de la Justicia para “investigar conductas delictivas o recabar información de manera compulsoria” con el fin de “determinar el grado de participación de personas en actuaciones” que hayan vulnerado los derechos humanos.

Entre una batería de preguntas, Amaiur inquiere al Gobierno sobre si facilitará la creación de dicha comisión “insistentemente reclamada por amplios sectores” en España y también por la comunidad internacional y si ordenará a la Fiscalía General del Estado a que someta a los 17 imputados por la Justicia argentina, entre ellos el exministro Rodolfo Martín Villa, por la muerte en 1976 en Vitoria de cinco trabajadores tras una carga policial.

El Ejecutivo reitera que no considera conveniente dicha comisión y argumenta que no es factible ponerla en marcha y menos por “hechos lejanos en el tiempo”, que se “hallaren ya bajo el ámbito de la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977” a los que, por otras razones tales como la prescripción de delitos o fallecimiento de presuntos culpables, “no alcancen ya la potestad punitiva del Estado”.

Aclara que el Ministerio Fiscal actúa “con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados” por lo que, en consecuencia, “el Gobierno en ningún caso puede ordenar a la Fiscalía que lleve a cabo ningún tipo de investigación”.

Añade que no derogará la Ley de Amnistía de 1977, ya que ha sido “un instrumento fundamental de reconciliación” y explica que fue aprobada democráticamente por el Parlamento en las primeras elecciones tras cuarenta años de dictadura franquista.

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