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El Gobierno insiste en que sólo modificará la situación del Valle de los Caídos si hay “consenso político y social”
Así lo asegura el Ejecutivo en la respuesta que ha remitido al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, sobre el futuro de la basílica que alberga los restos mortales del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, y del dictador Francisco Franco, de cuyas muertes se cumplieron el pasado 20 de noviembre 78 y 39 años, respectivamente.
“La posición del Gobierno en todo lo relacionado con el Valle de los Caídos es la de actuar solamente si existe el necesario consenso político y social”, expone el Ejecutivo que, por otra parte, subraya que “en ausencia de dicho consenso”, ha cumplido con lo previsto en la ley.
Moncloa también pone el énfasis en que el Gobierno ha respondido a su obligación de detener el deterioro del citado conjunto monumental y de proceder al mantenimiento preventivo del mismo y que, además, lo está haciendo “en un marco de restricciones presupuestarias” y en línea con las recomendaciones del Comité de Expertos que creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
IMPOSIBLE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUALIZADA
Respecto a las víctimas inhumadas en el recinto, tras subrayar que merecen el “recuerdo y el mayor de los respetos”, el Ejecutivo incide en que cree “imprescindible trabajar de forma cuidadosa y desde el consenso, para que se respete el recuerdo, sin que se reabran innecesariamente viejas heridas y sin que se resquebraje la reconciliación entre españoles que está suponiendo esta etapa democrática y constitucional”.
También apunta que se han realizado diversos informes técnicos, el último de la ya citada comisión de expertos, en los que se señala que el deterioro interno de criptas y columbarios, como consecuencia de las filtraciones, humedades y estrés térmico, “imposibilita la identificación individualizada” de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos.
También alude a que esos informes “alertan sobre la existencia de cuestiones jurídicas debido a intereses contrapuestos en algunas de las familias reclamantes” y remarca que la propia comisión de expertos auspiciada por el gobierno anterior “recomendó que se estableciera la necesidad del consentimiento de todas las familias de los enterrados en un mismo columbario antes de iniciar cualquier actuación en relación a los restos”.
