El Gobierno estudia recurrir la consulta informal, que ve antidemocrática

El Gobierno ha encargado a los servicios jurídicos del Estado un informe sobre todas las actuaciones encaminadas a la convocatoria de una consulta informal el 9 de noviembre en Cataluña y estudiará la impugnación de un proceso que, a juicio del Ejecutivo, es “antidemocrático”.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado hoy de este encargo del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ante los pasos que está dando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, una vez que renunció a convocar una consulta soberanista oficial para el 9-N.

“Todo parece apuntar que la Generalitat pretende sustituir un proceso que a nuestro juicio era ilegal -y por eso lo recurrimos al Tribunal Constitucional- por otro todavía más antidemocrático”, ha manifestado la vicepresidenta, quien ha acusado a Mas de transferir a los ciudadanos responsabilidades y obligaciones que ni siquiera él quiere asumir por escrito.

Sáenz de Santamaría ha recalcado que a los ciudadanos “no se les puede imponer, verbalmente o como sea, obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridad” y todo ello porque el presidente de la Generalitat ha decidido no asumir “la responsabilidad de la ilegalidad del proceso”.

Ha subrayado que el Ejecutivo quiere trasladar tranquilidad y seguridad a esos ciudadanos, pues su primera obligación es hacer cumplir las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos, motivos por los que en su momento recurrió la consulta ante el Tribunal Constitucional.

Sáenz de Santamaría ha insistido en que la consulta alternativa que parece impulsar la Generalitat apoyada en colectivos sociales no tiene “ningún tipo de garantías democráticas”.

Ha apuntado al respecto que no hay censo previo, que los promotores de la consulta son quienes la organizarán, quienes reunirán las mesas, quienes controlarán la votación, harán el recuento y proclamarán los resultados.