Humala y Heredia piden al Tribunal Constitucional que los libere de la cárcel

El expresidente de Perú Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, solicitaron hoy al Tribunal Constitucional que los libere de la cárcel, donde están recluidos desde hace 222 días de manera preventiva mientras la Fiscalía los investiga por una presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

Los abogados César Nakazaki y Alberto Otárola, representantes de Humala y Heredia, requirieron en una audiencia ante el tribunal que anule la prisión preventiva decretada por un juez el 14 de julio de 2017 al alegar el fiscal Germán Juárez, a cargo de las investigaciones, un presunto peligro de fuga.

Nakazaki aseguró que la prisión preventiva para Humala y Heredia “es una violación a la presunción de inocencia” porque, a su juicio, fue impuesta sin que se cumplieran los requisitos para tomar esa medida.

El letrado recordó que los dos investigados nunca vulneraron las reglas de conducta impuestas por el juzgado para garantizar su presencia durante el proceso, entre ellas la comparecencia en la sede judicial de manera periódica y el impedimento de salida del país.

Indicó que la investigación avanzó más cuando los procesados tenían libertad condicional, pues la Fiscalía pudo hacer 378 diligencias, mientras que desde que están en prisión solo pudo hacer 20.

El abogado agregó que ni Humala ni Heredia integran organización criminal alguna que dificulte la investigación porque el Partido Nacionalista Peruano (PNP), fundado por ambos, no está procesado.

Nakazaki agregó que tampoco la constructora Odebrecht, con cuyos fondos supuestamente se financió parte de la campaña electoral de Humala en 2011, puede considerarse una banda criminal porque “sus malas prácticas (sobornos) cesaron y ahora es el principal colaborador de la justicia en la región”.

Otárola denunció que el principal sustento para dictar la prisión preventiva contra Humala y Heredia fue un permiso para que sus hijos viajaran con la tía de estos, y cuya vigencia fue revocada meses antes de que ordenara su reclusión en la cárcel.

“La prisión preventiva no solo se ha constituido en una condena adelantada, sino que ha caído sobre tres menores de edad inocentes, en total desamparo paterno. Samín, el hijo menor, aún no entiende por qué la oscuridad una celda lo separa de sus padres”, dijo Otárola.

Por su parte, la representante de la procuraduría pública (abogacía del Estado) del Poder Judicial solicitó a los jueces constitucionales declarar improcedente la demanda de Humala y Heredia al considerar que ya hay una sentencia firme con la sentencia de la Corte Suprema, que mantuvo la prisión preventiva.

Argumentó que “un cuestionamiento paralelo de la misma resolución en ambas jurisdicciones no es permisible constitucionalmente porque obligaría a este tribunal a cambiar su reiterada jurisprudencia y crearía una incertidumbre jurídica al no saber cuándo una resolución es firme”.

El fiscal Juárez los investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir al haber recibido supuestamente donaciones no declaradas para las elecciones presidenciales de 2006 y 2011.

Entre las investigaciones está la sospecha de que recibieron dinero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez para la campaña de 2006 y 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para las presidenciales de 2011, donde Humala fue el ganador.

Humala, que gobernó Perú entre 2011 y 2016, es actualmente el único preso de la base de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde antes también estaba encarcelado el expresidente Alberto Fujimori, mientras que Heredia está en la prisión de mujeres del distrito limeño de Chorrillos, a más de 20 kilómetros de distancia.