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Intervenida en Badajoz una finca, donde trabajaban ilegalmente 69 personas

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Intervenida en Badajoz una finca, donde trabajaban ilegalmente 69 personas

Intervenida en Badajoz una finca, donde trabajaban ilegalmente 69 personas

La Guardia Civil ha intervenido una finca de Corte de Peleas (Badajoz) donde supuestamente se daba trabajo de forma ilegal a 69 personas, cuatro de ellas menores, que se encargaban de la recolección de la aceituna sin estar contratados ni dados de alta en la Seguridad Social.

El delegado del Gobierno de Extremadura, Germán López Iglesias, ha informado hoy de esta operación, en la que se ha imputado a un empresario vecino de la localidad que podría enfrentarse incluso a hasta a seis años de cárcel.

El imputado, según ha explicado el jefe de la Inspección de Trabajo en Badajoz, Enrique Borrego, deberá pagar una sanción por infracción "grave", de entre 3.126 y 10.000 euros, todavía por determinar, por cada uno de los empleados ilegales.

Además, deberá pagar un 50 por ciento más de esta cantidad por el hecho de contratar a más de cinco trabajadores ilegales, a lo que se sumará al menos 6.250 euros por cada menor contratado, lo que demuestra la "importancia" de la sanción total.

También se ha imputado al propietario de la finca que subcontrató al empresario los trabajos de recogida de la aceituna pues, aunque era desconocedor de los hechos, la nueva normativa le obliga a controlar los trabajos subcontratados.

Este último deberá pagar entre 626 y 6.250 euros por cada trabajador, cuantía que demuestra, como ha explicado López Iglesias, que el responsable de contratar al subcontratista "no puede mirar hacia otro lado".

La operación comenzó a principios de este mes cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de este posible delito, hasta que, tras varias investigaciones, 20 agentes intervinieron el pasado 14 de enero la finca.

Al ver la presencia de la Guardia Civil, muchos de los trabajadores intentaron huir pero todos fueron detenidos, ha señalado el responsable de la operación, el comandante Manuel Delgado.

A estos trabajadores, 68 rumanos, cuatro de ellos menores y un español, no se les imputa ningún delito salvo la pérdida de la prestación de desempleo al realizar actividades laborales sin dar cuenta a las oficinas de empleo.

Tras la operación, realizada en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz, también se ha comprobado que los empleados trabajaban por un salario muy inferior al estipulado para estas labores.

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