JpD acusa al Gobierno de incumplir la Ley de Memoria Histórica y expresa su compromiso con las víctimas del franquismo

La asociación judicial ha denunciado la “dejación de funciones” de las instituciones estatales que permiten que “decenas de miles de personas” sigan enterradas en fosas comunes. “Seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados”, desvela.

“No podemos compartir de ningún modo el discurso de que la recuperación de la memoria democrática suponga reabrir heridas”, advierte, para tildar de “inadmisible” que un Estado democrático niegue a toda la sociedad el derecho a conocer su pasado y a contar con un plan “programado, sistemático y financiado públicamente” que permita localizar y dar una “sepultura digna” a los asesinados en el franquismo.

JpD se pronuncia así en un comunicado tras conocerse las observaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que, tras visitar recientemente España, instó al Estado a incluir en el Código Penal el delito autónomo de desaparición forzada; proporcionar más apoyo institucional y financiero a los familiares y asociaciones de desaparecidos; y proveer los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente.*

El grupo de Naciones Unidas instó al Estado a esclarecer con urgencia las desapariciones sin ampararse en la Ley de Amnistía de 1977. Una norma que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha definido como “el gran acuerdo de la transición”, que fue defendida por “grandes entre los grandes” como Marcelino Camacho.