Justicia “restaurativa” de paz de Colombia comienza con elección de 51 jueces

El Gobierno colombiano dio hoy el primer paso para la puesta en marcha de la Justicia Especial de Paz (JEP), que tendrá carácter “restaurativo”, con la elección de los 51 miembros de los tribunales que juzgarán los crímenes cometidos en el conflicto armado.

La lista de los elegidos fue presentada hoy en la Casa de Nariño, al cumplirse un año de la firma del primer acuerdo de paz del Gobierno y las FARC, ahora convertida en partido político, que aprovechó la fecha para pedir al presidente Juan Manuel Santos que se cumpla lo acordado.

“La Justicia Especial de Paz (JEP) es una justicia diseñada para cerrar conflictos y es más reparativa, restaurativa, que punitiva”, dijo Santos al recibir el listado de los elegidos.

Los 51 magistrados tendrán la responsabilidad de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.

Un Comité de Selección, conformado por tres extranjeros, entre ellos los juristas Diego García-Sayán, de Perú, y Álvaro Gil Robles, de España, así como por dos colombianos, fue el encargado de elegirlos entre más de 2.300 aspirantes, de los cuales 2.135 cumplieron los requisitos.

El grupo de seleccionados se dividen en 20 miembros del Tribunal para la Paz, 18 titulares de las Salas de Justicia, siete suplentes del Tribunal para la Paz y seis suplentes de las Salas de Justicia.

En el acto, se anunció también la designación de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, y de Mirtha Patricia Linares Prieto como primera presidenta de los magistrados de la JEP.

Santos precisó que “el resultado del proceso fue incluyente y renovador, ya que entre los seleccionados el 53 % son mujeres, más del 10 % indígenas, más del 10 % afrocolombianos y el 61 % son de fuera de Bogotá”.

Entre los seleccionados figuran jueces, integrantes del Ministerio Público, de las cortes internacionales de derechos humanos y de la academia.

En el listado se destacan el exministro de Justicia Yesid Reyes; el exdefensor del pueblo y expresidente de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes Muñoz, y el expresidente del Consejo de Estado Danilo Alfonso Rojas Betancourth.

Con la JEP “las víctimas van a ser respetadas, sus derechos van a ser respetados, y es la mejor forma de sanar las heridas de un conflicto armado. Muchas veces las víctimas solamente quieren que se les diga la verdad”, indicó el jefe del Estado.

Por su parte García-Sayán, que fue ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de Perú, y es representante de la ONU en el mecanismo de selección establecido en el acuerdo de paz, declaró que el de hoy “es un paso muy importante” y resaltó “la extraordinaria calidad de los postulados”.

“Es el momento de sanar heridas, de tender puentes y de avanzar en la reconciliación”, puntualizó García al recordar las palabras del papa Francisco durante su visita de comienzos de este mes a Colombia.

Según García-Sayán, se espera “que en los próximos dos meses a más tardar pueda estar funcionando” la JEP.

En contraste, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, líder del ahora movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), pidió en un carta al presidente Santos que se cumpla con lo pactado en el acuerdo de paz.

“Colombia se debate en una encrucijada histórica”, dijo el exguerrillero, quien señaló que el país o “se enrumba por los caminos de la paz, la democracia y la justicia social trazados por los acuerdos de La Habana, o se hunde en el piélago de la violencia como consecuencia de su violación e incumplimiento”.

Según “Timochenko”, “la inmensa familia fariana” está inconforme e indignada porque considera que el Gobierno no cumple con lo pactado en el acuerdo de paz.

El primer acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC se firmó el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena de Indias pero fue rechazado el 2 de octubre siguiente en un referendo, lo que obligó a reabrir la negociación.

Al texto inicial se le hicieron entonces varias modificaciones para la firma definitiva el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá, tras lo cual comenzó el proceso de desmovilización y desarme de más de 7.000 militantes de la guerrilla más antigua de América Latina.