Lamela seguirá investigando a Trapero y el papel de los Mossos en el procés

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela seguirá investigando al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y a la intendente Teresa Laplana, así como el papel de la policía autonómica y el de otros “colaboradores” en el proceso independentista, contra los que vayan surgiendo indicios.

De este modo ha decidido el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que debe dividirse la causa, quedándose el alto tribunal, que ya investigaba a la presidenta del Parlament Carme Forcadell y a cinco miembros de la Mesa, la parte que afecta a los 14 miembros del Govern cesado, incluido el huido expresidente Carles Puigdemont y a los líderes independentistas conocidos como los Jordis.

Llarena ha acordado en concreto que Lamela prosiga con la investigación a los Mossos, en la que están imputados Trapero y Laplana, “así como de cualesquiera otros eventuales responsables sobre los que la investigación proyecte indicios de responsabilidad” al entender que se trata de “participaciones añadidas” que no justifican “modificar las normas de competencia ordinaria para los que resulten afectados”.

En su informe a Llarena, en el que se mostraba favorable a acumular todas las causas de rebelión en una sola, la juez de la Audiencia Nacional desvelaba que tenía abierta una pieza separada secreta, sobre la que acordó el 30 de octubre diligencias que afectaron, entre otras, a la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y a los Mossos.

Apuntaba, además, a la existencia de un grupo de personas que habría “colaborado estrechamente” con “la organización criminal” liderada por el Govern cesado, en la elaboración de “leyes” y desde distintos “niveles de responsabilidad de la Administración autonómica”.

Según lo observado por la juez, hay indicios de “una importante colaboración de determinadas personas en la elaboración de leyes como la convocatoria del referéndum de autodeterminación o la ley de transitoriedad jurídica” y también de la intervención de otras personas que han “cooperado y colaborado estrechamente” desde “distintos escalones y niveles de responsabilidad de la Administración Autonómica”.

Citaba, concretamente, “el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra”, a los que atribuye haber puesto “su capacidad investigadora e 'intimidatoria' al servicio de la organización y de los fines independentistas” y cuya labor “era imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum”.

Ponía de ejemplo en su informe la actuación de los Mossos en distintas movilizaciones impulsadas desde entidades soberanistas, “manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil”, evitando intervenir en los casos en los que estos eran agredidos, incluso llegándose a enfrentar a alguno de ellos.

Además hay constancia de que espiaron las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional el día del referéndum del 1-O, “alertando a los congregados en los colegios de que las citadas fuerzas del orden se dirigían hacia determinados lugares”.

“No menos relevantes han sido las actividades diplomáticas organizadas a través de las delegaciones del Gobierno catalán en el exterior”, destacaba también Lamela.

Se refería, sobre todo, al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), “que, si bien se presenta como una suerte de consorcio público-privado, lo cierto es que actúa como una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal”, que estaba presidido por Puigdemont.

En esa colaboración con los fines independentistas, Lamela también observa “la actuación desplegada por determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), cuyo apoyo tecnológico ha sido esencial en la actividad desarrollada de cara al proceso, especialmente en lo que afecta a la celebración del referéndum”.