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Ley para regular la política en R.Dominicana divide al oficialismo y la oposición

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Ley para regular la política en R.Dominicana divide al oficialismo y la oposición

Ley para regular la política en R.Dominicana divide al oficialismo y la oposición

Un proyecto de ley para regular los partidos políticos en la República Dominicana y otro para reformar la legislación electoral actual han desatado fricciones entre la oposición y el oficialismo y prolongan un viejo reclamo para que se ponga algún tipo de control a la actividad política en el país.

Desde hace años los partidos y sectores de la sociedad civil, del empresariado e, incluso, las iglesias han expresado la necesidad de que se apruebe la Ley de Partidos Políticos y que se reforme la actual Ley Electoral, que data de 1997.

La Ley de Partidos establece, entre otros puntos, límites a la financiación de los mismos y al periodo de las campañas.

Pese al interés expresado públicamente a favor de ambos proyectos, la oposición y el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que gobierna ininterrumpidamente el país desde 2004, no logran ponerse de acuerdo, aplazando cada vez más el debate de ambas iniciativas en el Congreso Nacional (bicameral).

Para algunos analistas la razón por la que no se terminan de aprobar ambas leyes radica en que a ningún partido le interesa que le regulen y mucho menos que se establezca tope a la financiación de la campaña, ya que hasta ahora pueden evitar, de una forma u otra, rendir cuentas del dinero público o privado que reciben.

La oposición, reunida en bloque, reclamó este lunes la urgente aprobación de ambas iniciativas, que, sin embargo, subrayó, debe ser fruto del consenso y no de la imposición del oficialismo, que controla el Congreso Nacional.

La oposición, que el año pasado rompió el diálogo sobre este tema alegando que el oficialismo quería imponer a los nuevos jueces de la Junta Central Electoral (JCE), favorece ahora un diálogo directo con el PLD, la sociedad civil y la JCE.

Las organizaciones opositoras señalaron que la ley debe obligar a los partidos "a cumplir con su importante papel de impedir los comportamientos no éticos o ilegales de sus militantes".

Para la oposición, resulta imperativo incorporar en la ley la disposición de que los partidos suspenderán la militancia de los involucrados en actos de corrupción y el compromiso de que los inculpados por la comisión de actos delictivos no serán nunca más incluidos en las listas de elección popular, ni podrán volver a ocupar cargos estatales.

"Entendemos inaplazable regular el financiamiento de la actividad política, pues constituye, en la actualidad, el eje fundamental para la conformación de poderes públicos proclives a la corrupción y a la impunidad", enfatizaron.

Sin embargo, el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, advirtió este martes de que será en el Congreso Nacional donde se alcanzará el diálogo exigido por la oposición para la aprobación de las leyes de partidos y electoral, con lo cual descartó cualquier otro escenario de discusión.

Pared Pérez reiteró que al margen del Congreso Nacional "no se hará nada" con esas dos normal legales.

El congresista recordó que su partido tiene amplia mayoría en el Congreso y que no tiene dudas de que ambos proyectos serían aprobados este año.

Este martes, la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado se reunió con representantes de los partidos mayoritarios con quienes discutió sobre los dos proyectos de ley.

La comisión informó de que recibirán las opiniones de varias instancias locales, entre estas el Consejo Económico y Social, de los partidos minoritarios y vistas públicas.

Algunos de los puntos donde las fuerzas políticas han mostrado sus diferencias se refieren a la financiación de las organizaciones, la celebración de primarias, la campaña electoral, acceso a medios de comunicación y propaganda y publicidad.

De cara a las elecciones generales de mayo de 2020, es necesario dotar al país de una Ley de Partidos para evitar las irregularidades denunciadas en los comicios de 2016 relacionadas sobre todo con la financiación, el supuesto uso de recursos del Estado a favor del partido gobernante y las pugnas internas en los partidos.

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