Maíllo critica que el TC “está al servicio de la troika” con la decisión “lamentable” sobre el decreto antidesahucios

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Maíllo ha tildado de “lamentable” que el TC “se posicione como un emisario de las instituciones europeas, de la troika, en contra de una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía”.

A su juicio, “hay un desmantelamiento del poder autonómico” en esa decisión porque “no se puede anteponer una competencia transversal y genérica como es la economía, sobre una competencia concreta como la exclusiva en materia de vivienda”.

El dictamen del TC cuenta con tres votos particulares --de los once del pleno--, que Maíllo dice compartir puesto que se posicionan en contra de “los argumentos tan vaporosos del TC, como aludir una competencia tan genérica como la economía sobre una competencia concreta”.

“Parece que el TC se cree las tesis del gobierno de que por decreto desaparecen los desahucios, cuando la realidad, dramática y trágica, es que sigue habiendo lanzamientos”, ha recordado el líder andaluz, para señalar que “quien crea que por una cuestión de decreto o de decisión jurídica desaparecen los desahucios, está fuera de la realidad”.

En la misma línea, ha sostenido que no es verdad que exista un fondo social de vivienda, como argumenta el TC, “es irrisorio el número que hay,” de manera que, en opinión de Maíllo, el tribunal no contempla “que el Estado no satisface las demandas de vivienda”.

Así, ha incidido en que la “tensión” sobre el derecho de la propiedad y la función social de la vivienda, sigue abierta, y ahí, IU “tiene muy claro que la función social de un derecho humano como es la vivienda tiene que estar por encima de los derechos de propiedad”.

EL PRESIDENTE DEL TC, “ACTIVO DEL PP”

De igual manera, ha criticado que el presidente del TC “sigue siendo un activo militante del PP, que no solo lo era formalmente”, y lo demuestra “con decisiones de este tipo”. IU, por el contrario, va a contribuir a “desalojar a este tipo de gente de instituciones tan importantes como el TC”.

Con todo, Maíllo ha explicado que se dirime de la decisión del tribunal “una imposición de la Troika, que dice que esta ley no puede seguir adelante porque no se puede cuestionar el derecho a la propiedad porque afecta a su economía, no a la economía de la gente”.

Aquí se distinguen dos posiciones, como ha apuntado el coordinador de IU, “los que defienden la economía de las grandes corporaciones y de la banca, y los que defendemos la economía de las familias y de la gente, que es atacada por este tipo de posicionamiento claramente político del TC”.

“Es lamentable que el TC se convierta en una pata más, esta vez como aval jurídico, de lo que es un proyecto profundamente ideológico, retrogrado y reaccionario que está impuesto por la UE”, ha apostillado.

Por último, Maíllo ha recodado que IU siempre ha exigido al PP que retirara el recurso de inconstitucionalidad, “independientemente” de la investidura de la socialista, Susana Díaz, como presidenta de la Junta. “Si el PP quería defender a Andalucía, tenía que promover la retirada del recurso”, ha asegurado.

Así, ha explicado que, una vez que se constituyan los ayuntamientos, los liderados por alcaldes de IU, así como los demás que quieran unirse, van a protagonizar una movilización institucional de una parte del estado, como son los consistorios, “para que el Gobierno del PP retire el recurso del TC”.

LA DECISIÓN DEL TC

Por su parte, el TC considera que la expropiación de viviendas vacías a los bancos invade la competencia exclusiva del Estado en materia de “coordinación de la planificación general de la actividad económica”.

La sentencia, adelantada este martes y que cuenta con tres votos particulares, explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad, proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito. Así entiende que el decreto-ley andaluz, con las expropiaciones, obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno.

Cabe recordar que de forma posterior a este decreto, la Junta de Andalucía dictó una Ley de Vivienda que derogó en parte el decreto-ley. Dicha ley fue también recurrida ante el TC por el Gobierno y está pendiente de resolución por el pleno.

El Gobierno central recurrió en junio de 2013 el decreto andaluz, concretamente su disposición adicional segunda y el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía al entender que afectaba al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establecía una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y una regulación contraria al principio igualdad.

El Constitucional declara ahora inconstitucional y anula el primer inciso del artículo 1.3, en cuanto que se impone al propietario de una vivienda el “deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico” rechazando así que deba formar parte del “contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda”.