Un comité de la ONU pide a Guatemala que reforme su sistema de protección del menor

Un comité de la ONU expresó hoy su inquietud por las denuncias sobre el abuso y el tráfico de niñas con la complicidad de las autoridades en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, donde en marzo murieron quemadas 41 menores, y pidió al Estado que reforme su sistema de protección del menor.

En su octavo y noveno informe sobre la situación de las mujeres en Guatemala, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres de la ONU pide al Estado guatemalteco que continúe con prontitud la investigación y lleve a los responsables de las muertes y de las heridas de las niñas ante la Justicia para que no haya impunidad y se asegure la no repetición de este tipo de tragedias.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en el municipio capitalino de Santa Catarina Pinula, ha estado rodeado de polémicas por abusos desde hace años, una situación que se agravó el pasado marzo, cuando un grupo de niñas, encerradas en un aula, provocaron un incendio supuestamente para protestar por las agresiones.

Un tribunal de Guatemala condenó a finales de septiembre a ocho años y tres meses de prisión al psicólogo Luis Alfredo Montenegro por violar a una niña de 13 años en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El Gobierno de Guatemala nombró además una nueva titular de la Secretaría de Bienestar Social, encargada de la protección de menores guatemaltecos enviados a las denominadas casa-hogar.

No obstante, el Comité de la ONU pide al Estado guatemalteco que “reforme el actual sistema de protección del menor”, a fin de garantizar la dignidad y la integridad física y psicológica de todas las niñas.

Los miembros del Comité destacan en su informe la “elevada incidencia del tráfico de mujeres y niñas, particularmente de indígenas, afrodescendientes y mujeres rurales, en el trabajo forzado y la explotación sexual.

Subrayan en este sentido las bajas tasas de “imputación y de sentencias” de los autores del tráfico de mujeres y niñas, y presuntos casos de conflictos de interés de funcionarios en casos de tráfico y la prostitución, incluso en instituciones estatales como institutos de protección del menor y hospitales.

El Comité aconseja a Guatemala además de la reforma del sistema de protección del menor la continuación de programas de salida y oportunidades de generación de ingresos alternativos para las mujeres que quieran abandonar la prostitución.

Asimismo, recomienda que Guatemala mejore la capacidad de la Judicatura y de la Policía para investigar los casos de tráfico de mujeres y niñas, y para procesar y sancionar adecuadamente a los responsables.

En otro apartado el Comité también expresa su preocupación por “los crecientes” ataques, violencia sexual y campañas de difamación contra defensoras de derechos humanos, entre ellas indígenas que defienden el derecho a la tierra y los recursos naturales, mujeres que abogan por la protección de la violencia de género y activistas de los derechos de las lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales.