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Oramas dice que CC no pide privilegios ni subvenciones, sino herramientas

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Oramas dice que CC no pide privilegios ni subvenciones, sino herramientas

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La cabeza de lista de Coalición Canaria-PNC (CC-PNC) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, ha insistido hoy en que los nacionalistas canarios no piden privilegios ni una economía subvenciona, sino herramientas para salir de la crisis.

Durante la rueda de prensa en la que junto al cabeza de lista de CC-PNC por la provincia de Las Palmas, Pablo Rodríguez, presentó el programa para las elecciones generales del 20 de diciembre próximo, Ana Oramas reiteró que Canarias tendría esas herramientas si se cumpliesen las directrices comunitarias y las leyes españolas.

Manifestó la candidata nacionalista que la primera prioridad de su partido es el empleo, para lo que tiene en su programa tres propuestas para estar como el resto de los españoles, una de las cuales es que se cumpla la ley española de empleo.

Recordó que en esa ley de empleo española se dice que mientras Canarias tenga una tasa de paro superior a la media española recibirá políticas específicas de empleo, pero eso fue "anulado" por el PP mediante una adenda en los presupuestos del Estado, pero la ley de empleo sigue vigente.

Ana Oramas indicó asimismo que la Unión Europea ha financiado un plan de garantía de empleo juvenil con cantidades "muy importantes" en el caso de España pero que el Gobierno central ha decidido administrar.

El resultado, añadió la candidata nacionalista, es que de los 90.000 jóvenes canarios que podrían haber accedido a esos fondos sólo lo han hecho unos 7.000 porque la tramitación es "complicadísima", y agregó que lo más grave es que España tendrá que devolver dinero a la Unión Europea.

Ana Oramas también dijo que como consecuencia del plan Junker aprobado por la Comisión Europea para actuar en los países europeos con mayor índice de paro, España recibió muchos fondos pero el Gobierno español ha dicho que las prioridades serán las conexiones eléctricas del AVE con Francia y Portugal.

Además, la candidata de CC-PNC demandó un pacto de Estado en pensiones contributivas, ya que si bien la media española de estas percepciones es del 4,7 por ciento en Canarias lo es del 13,2 por ciento, y afecta sobre todo a mujeres que emigraron y trabajaron en el campo pero no cotizaron.

Oramas exigió un pacto en esta materia para que las pensiones no contributivas se igualen al salario mínimo interprofesional, y con tendencia a subir.

La candidata nacionalista reclamó otro pacto de Estado en materia de violencia de género, y mostró su preocupación por el hecho de que entre la juventud se mantengan el concepto machista y de dominio, por lo que reclamó volver a formar a los varones en la igualdad.

El cabeza de lista por Las Palmas, Pablo Rodríguez, consideró "trascendental" la próxima legislatura y señaló que en la agenda política española tienen que estar cuestiones como la reforma de los aspectos económicos de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la modificación del sistema de financiación.

Pablo Rodríguez comentó que los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, ven la ley del REF en un caso como una ley al servicio de las empresas y en el otro como un privilegio, cuando, afirmó, afecta a todos los ciudadanos de las islas.

En cuanto a la financiación autonómica señaló que la actual es "injusta" y con ella Canarias ha recibido cada años unos 800 millones de euros menos de los que le correspondería con un sistema justo.

Además, Pablo Rodríguez reclamó que se recupere el plan de infraestructuras turísticas que "suprimió" el PP en 2012.

Ana Oramas se refirió asimismo a la reforma de la Constitución para que se reconozca la condición de ultraperiferia de Canarias, algo que se reconoce en el tratado de la Unión Europea, para que de ese modo sea obligatorio aplicar en las islas políticas en las que se tengan en cuenta su lejanía del continente y el carácter de archipiélago.

Y blindar la Ley del REF para que ningún gobierno español pueda modificar esa ley sin el informe favorable de la mayoría del Parlamento de Canarias.

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