El PNV pide al Gobierno que retoque 44 puntos de la ley de Seguridad Ciudadana

El grupo parlamentario del PNV insta al Gobierno a reformar hasta 44 puntos de la ley de Seguridad Ciudadana que permitan que la norma sea más “respetuosa” con los derechos fundamentales y las libertades públicas.

En la proposición de ley registrada hoy en el Congreso, los nacionalistas vascos quieren que el Ejecutivo modifique los apartados que sancionan comportamientos ligados a la libertad de expresión e información, así como el derecho a huelga, e incluye tres disposiciones finales para revisar el procedimiento legal que se aplica en las devoluciones en la frontera.

Según ha informado el grupo vasco en comunicado, la “seguridad ciudadana” no puede ser un factor que “restrinja el ejercicio de cualquier derecho constitucional”, por lo que piden la revisión de la ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como “ley Mordaza” aprobada en 2015, así como de la ley orgánica que regula el derecho de reunión, que data de 1983.

En este sentido, el PNV propone reformar los apartados de la ley de 1983 que obligan a comunicar a las autoridades la realización de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se realicen en los mismo términos frente al Congreso y senado, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana.

Por otro lado, en lo referente a la libertad de expresión e información, el grupo vasco propone la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos y seguridad del estado, ya que consideran que supone una “prohibición” a la libertad activa y pasiva de información.

En la misma línea, proponen la supresión del carácter grave o muy grave de infracciones como el uso indebido de uniformes, insignias o condecoraciones, la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada, o la ya mencionada y referente a la reunión o manifestación no comunicada.

Asimismo, creen urgente revisar la ley que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para establecer un procedimiento “legal y efectivo” de devoluciones en la frontera que “respete la normativa internacional de derechos humanos”.

Por último, el grupo vasco anima a realizar una investigación más profunda del régimen sancionador que se aplica en España de manera que se tenga en cuenta “la capacidad económica del infractor a la hora de determinar la sanción”.