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El PP tumba en el Congreso el intento del PSOE de abrir ya la reforma del Tribunal de Cuentas

El PP ha rechazado este martes en el Pleno del Congreso tomar en consideración una propuesta del PSOE para abrir ya la reforma del Tribunal de Cuentas, un cambio legal que está prometido dentro del paquete anunciado en verano por el Gobierno para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.

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El PP tumba en el Congreso el intento del PSOE de abrir ya la reforma del Tribunal de Cuentas

En su proposición de ley, defendida por el valenciano Ciprià Ciscar, los socialistas abogan por reducir a la mitad el plazo en que el Tribunal de Cuentas debe remitir su informe de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos a las Cortes Generales, limitando así el periodo a tres meses desde la recepción de los planes de contabilidad de las formaciones.

Precisamente a finales de octubre el Tribunal de Cuentas ha logrado ponerse al día en sus informes sobre partidos políticos tras aprobar tres ejercicios de golpe (2009, 2010 y 2011). Sólo tiene pendiente el examen de 2012, cuyo plazo de rendición de cuentas acabó el pasado mes de junio.

Además, el PSOE también quiere obligar a que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), así como las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, colaboren con el Tribunal de Cuentas para dilucidar si es o no correcta y completa la información que le facilitan las entidades sujetas a control.

En este sentido, sugiere una modificación de la Ley General Tributaria y de la Ley General de la Seguridad Social con el fin de abrir vías para que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria y por la Administración de la Seguridad Social puedan ser cedidos al Tribunal de Cuentas cuando sean requeridos, y que la transferencia de información no se limite únicamente a la propia fiscalización de ambos organismos públicos.

La reforma fue apoyada por otros grupos de la oposición al entender que, aunque su objetivo es limitado, permite abrir el debate sobre la necesaria reforma de la Ley del Tribunal de Cuentas, que acaba de cumplir 25 años.

HAY QUE ABRIR EL MELÓN

Así, Irene Lozano, de UPyD, cree que mientras no se cambie el método de elección del Tribunal de Cuentas o no se aborde la capacidad sancionadora, no se entrará "en el meollo". "Nos sabe a poco, da la impresión de que lo sustancial no lo quieren cambiar --ha dicho--. Es poco ambiciosa pero la vamos a apoyar porque es una ocasión idónea para debatir el papel de esta institución".

Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también ha avalado la tramitación de la reforma aunque, según ha explicado Ricardo Sixto, la iniciativa es "mejorable" y no la comparten al cien por cien pues, a su juicio, habría que ir más allá y examinar los efectos redistributivos y la eficiencia social de las medidas, ya que el control de la legalidad no es suficiente. "Pero lo importante es abrir el melón", ha añadido.

Los nacionalistas catalanes, por boca de Carles Páramo, ha garantizado el apoyo de CiU a la toma en consideración de la propuesta aunque también opina que "se queda corta" y que parece "un poco oportunista, siguiendo la moda de cuestionar todos los elementos básicos de la democracia".

MATAR MOSCAS A CAÑONAZOS

Pero el PP ha rechazado siquiera admitir a trámite la reforma al considerar que trata de "matar moscas a cañonazos" porque, sólo con los dos cambios puntuales que plantea el PSOE, se da al tribunal funciones de persecución de delitos y acceso indiscriminadamente a datos particulares de organismos o personas que no son sujeto de fiscalización.

Su portavoz, Eloy Suárez, ha recordado que el Gobierno y el presidente Mariano Rajoy han mencionado en numerosas ocasiones su intención de revisar la Ley del Tribunal de Cuentas y ve preferible buscar un espacio de acuerdo entre los grupos parlamentarios para alumbrar un texto conjunto.

La reforma del Tribunal de Cuentas es la segunda 'receta' contra la corrupción que el PSOE plantea al Pleno del Congreso, después de que hace dos semanas pidiera que la Audiencia Nacional asumiera la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción que afecten a cargos públicos, una propuesta rechazada de plano por el PP y casi toda la oposición.

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