El PSOE no actuará contra el alcalde de Vigo hasta que se abra juicio oral
El PSOE de Pedro Sánchez no tiene previsto adoptar medidas orgánicas contra el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que está imputado en el marco de la Operación Patos. La jueza que instruye la causa ha encausado al recién elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por haber recibido como regalo un reloj valorado en 1.750 euros. Ferraz confía en la inocencia de Caballero y no tomará medidas hasta que se abra el juicio oral.
Fuentes de la dirección socialista muestran su “respeto ante las decisiones judiciales” pero sostienen su “confianza absoluta en la inocencia” de Caballero, que es el alcalde de una gran ciudad con una mayoría absoluta más amplia. Gracias a ese resultado Sánchez le eligió como candidato para presidir la FEMP, organismo que le eligió el pasado sábado.
La Fiscalía solicitó la imputación de Caballero por haber recibido regalos valorados en más de mil euros. En concreto, se refería a un reloj de 1.750 euros y una pluma de oro y plata, que el edil de Vigo niega haber aceptado. La jueza ha aceptado la petición y le ha encausado en la Operación Patos, que suma 46 imputados vinculados con el presunto amaño de contratos públicos y la recepción de dádivas. Entre los imputados hay dirigentes del PP, como el expresidente de la Diputación de Pontevedra, el líder del PP de Vigo, José Manuel Figueroa, y la delegada de la Xunta en esta ciudad, María José Bravo Bosch.
Ferraz se escuda en su código ético para no adoptar medidas contra Caballero. Ese texto, que firman todos los cargos públicos socialistas, prevé la suspensión de militancia para los afiliados a los que se abra juicio oral por casos de corrupción o violencia machista. Esa es la situación actual del alcalde de Vigo. No obstante, ha habido casos en los que Ferraz ha actuado con anterioridad. En el caso de los exconsejeros de Caja Madrid que hicieron uso de las tarjetas black la dirección de Sánchez les expulsó antes de que fueran imputados.
En el PSOE aseguran que “no se activará ningún mecanismo” por el momento ya que Caballero tiene la posibilidad de recurrir la decisión judicial. El código ético establece que, en el caso de los cargos públicos o de personas con responsabilidades orgánicas que resulten imputados, tendrán que rendir cuentas ante la ejecutiva federal, es decir, ante la dirección de Sánchez, que daría trasladado a la Comisión de Etica y Garantías del asunto por si se pudieran tomar medidas orgánicas “en atención a los hechos y a su gravedad”. Ese paso está, por el momento, descartado, según fuentes de Ferraz.
La imputación de Caballero ha llegado en un mal momento general para el PSOE gallego. El secretario general de la federación, Juan Ramón Gómez Besteiro, está igualmente encausado por por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en un caso relacionado con la concesión de licencias para urbanizar una finca. La jueza Pilar de Lara encontró una posible relación entre la compra del piso en el que vive Besteiro con la concesión de una licencia para construir un edificio cuando era concejal de Urbanismo en Lugo.
Sánchez tampoco tomó medidas contra Besteiro y desde Ferraz indicaron en ese momento que esperarían hasta que se abriera jucio oral. No obstante, Besteiro se quedó sin ir al Senado. La diputada madrileña Mercedes Gallizo renunció a ser senadora tras haber sido imputada por prevaricación omisiva al no tomar medidas para evitar un vertido contaminante desde una cárcel. Recientemente, el Tribunal Supremo archivó la causa contra ella al entender que no quedaba acreditado que tuviera conocimiento del vertido. En el PSOE confían que suceda lo mismo con el líder en Galicia y el alcalde de Vigo.
