El PSOE descarta que el líder de los socialistas gallegos vaya al Senado tras ser imputado

El PSOE descarta que el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, vaya al Senado mientras esté imputado por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en un caso relacionado con la concesión de licencias para urbanizar una finca. Así lo ha expresado el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando: “Descarto que vaya a ir al Senado”. El propio Besteiro ha comunicado a Ferraz su intención de renunciar a ocupar un escaño.

Besteiro pretendía ser nombrado senador por designación autonómica tras las elecciones del 24 de mayo. Sin embargo, su reciente imputación parece que va a alejarle de ese objetivo, según ha expresado el portavoz del PSOE en la Cámara Baja y ha admitido el propio secretario general del PSdeG. El líder de los socialistas gallegos tendrá que declarar en calidad de imputado ante la jueza Pilar de Lara que ha encontrado una posible relación entre la compra del piso en el que vive Besteiro con la concesión de una licencia para construir un edificio cuando era concejal de Urbanismo en Lugo.

Tras conocerse su imputación el pasado viernes, Besteiro aseguró que mantenía su intención de ser designado senador y dijo que sentía “la confianza plena de la dirección federal”. Pero en las últimas horas ha cambiado de opinión y ha trasladado a Ferraz su renuncia a ocupar un asiento en el Senado.

El posible nombramiento de Besteiro como senador estaba sobre la mesa desde hace semanas y bloqueado desde finales del mes de junio, cuando el PP lo vetó en el Parlamento de Galicia por supeditar la elección al cierre de otros acuerdos con los socialistas para renovar puestos en otras instituciones autonómicas, como el Consello de Contas. Tras la citación judicial el PPdeG y su propio líder, Alberto Núñez Feijóo, no habían cerrado la puerta a retomar la elección. La retrasaban, en todo caso, a después del 30 de julio, cuando el líder socialista declará ante la jueza, que “puede retirar la imputación”, supuesto en el que “el asunto quedaría resuelto”, indicó el presidente de la Xunta este lunes.

La imputación de Gómez Besteiro se hizo pública el pasado 3 de julio y tiene su origen en la petición de una de las empresas impulsoras del proyecto de O Garañón, tramitada ante la jueza un día después de que el líder de los socialistas gallegos dejase de ser presidente de la Diputación de Lugo. La jueza De Lara le atribuye presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación partiendo de la base de que, en su etapa como concejal de Urbanismo, el Ayuntamiento de Lugo concedió la licencia para construir el edificio sin tener en cuenta la legalidad.

Tal y como ha venido manteniendo el gobierno municipal lucense a lo largo de los últimos años -la autorización se produjo en 2005 y el caso llegó a los juzgados en 2010, por iniciativa de una plataforma vecinal-, Besteiro ha subrayado en los últimos días que el gabinete del que formaba parte autorizó el edificio porque no tenía otra opción. El proyecto, destaca, estaba “sometido al PGOM de 1991, aprobado por el PP”, y recibió luz verde con “todos los informes favorables” por parte de los técnicos municipales, por lo que confía en su plena legalidad.

Pedro Sánchez aseguró este lunes que permitirá que siga al frente del partido en Galicia y que no tomará medidas contra él hasta la apertura del juicio oral, que es lo que fija el código ético del PSOE.

No obstante, la dirección socialista ha tomado medidas contra cargos del partido antes de que llegara ese momento procesal. Por ejemplo, obligó a Manuel Chaves a renunciar a su escaño después de que el Tribunal Supremo confirmara su imputación en el caso de los ERE. También expulsó a los usuarios de las tarjetas black de Caja Madrid antes de que fueran imputados en la Audiencia Nacional. El PSOE justifica estas medidas en la diferente “gravedad” de los hechos

El PSOE también estudiará la nominación de Mercedes Gallizo como senadora. La exdirectora general de Instituciones Penitenciarias está imputada, al igual que su sucesor, Ángel Yuste (PP), por prevaricación omisiva al no tomar medidas para evitar un vertido contaminante desde una cárcel. Hernando ha dicho desconocer la postura de la secretaría de Organización que dirige César Luena, aunque los socialistas distinguen esta imputación de otras al tratarse de una causa administrativa por la gestión al frente de ese departamento.