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Pablo Crespo recusa a uno de los jueces de Gürtel por su "amistad reconocida" con Baltasar Garzón

El número dos de la trama Gürtel dice que es "imposible" que el magistrado Ricardo de Prada sea imparcial debido a la enemistad manifiesta con él y al "estrecho contacto" de su hija con uno de los abogados de la acusación

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El juez de la Audiencia Nacional, Ricardo de Prada EFE

El exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, ha presentado un escrito de recusación contra el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, encargado de juzgarle, por su amistad "reconocida y proclamada" con Baltasar Garzón, quien fue expulsado de la carrera judicial por las escuchas ilegales acometidas en esta causa.

En el escrito, Crespo se muestra contrario a que el magistrado de la Audiencia Nacional vaya a juzgarle por su implicación en la trama liderada por Francisco Correa debido al vínculo de amistad que le une con Baltasar Garzón, que destapó en 2009 la trama y que acabó siendo inhabilitado del cargo por el Tribunal Supremo tras una querella presentada el propio Crespo.

La defensa del considerado como número dos de la trama indica que, pese a la sentencia firme del alto tribunal por la que apartó a Garzón de la carrera judicial, De Prada manifiesta que para él, el magistrado sigue y seguirá siendo juez "hasta que decida dejar de serlo" y que vivió "de forma muy intensa y cercana" el procedimiento seguido contra su persona.

Además, la representación procesal de Crespo basa la recusación en la existencia de una "enemistad manifiesta" por parte del magistrado de la Audiencia Nacional contra el investigado precisamente por la interposición de la querella contra Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación en 2012.

La condena señala que el exmagistrado de la Audiencia Nacional vulneró de forma "drástica e injustificada" el derecho de defensa de sus investigados y que la autorización de las escuchas hechas a los cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-, en prisión, fue "injusta" porque "laminó" de forma arbitraria y sustancial el derecho de defensa de los imputados en la Gürtel.

Además, argumenta que Pilar Eirene de Prada, hija del magistrado, mantiene un "estrecho contacto" con Gonzalo Boyé Tuset, abogado de la acusación popular en otra pieza del caso Gürtel, la que investiga la caja B del PP. Por ello concluye en que resulta "imposible" suponer que el magistrado recusado pueda tener "la imparcialidad imprescindible" en un caso como este.

El escrito se centra en dos "informaciones" de la web que dirige Eduardo Inda e incurre en errores como asegurar que Gonzalo Boyé es "dueño" de eldiario.es, donde escribe ocasionalmente Pilar Eirene de Prada. El letrado edita Contrapoder, un blog alojado en eldiario.es donde escribe en algunas ocasiones la hija del magistrado. Contrapoder y eldiario.es han co-editado un libro en el que Pilar Eirene de Prada, especialista en resolución de conflictos, firma una pieza. 

En concreto califica de "sorprendente" que ni la acusación popular ni el propio magistrado hayan puesto de relieve que existe "tan estrecha colaboración" entre la hija del magistrado y el letrado que dirige la acusación contra Crespo. Añade que la "afinidad ideológica" de la hija de De Prada con el letrado no es ajena al propio magistrado concluyendo que ello afecta "de manera evidente a la imparcialidad que debe presidir el presente procedimiento".

El juicio en dos semanas

La recusación de Crespo se presenta a dos semanas de que dé comienzo de las sesiones del juicio, previsto para el 4 de octubre, sobre las actividades que la trama 'Gürtel' realizó entre 1999 y 2005 contra 39 acusados, entre los que se encuentra el cabecilla de la red, Francisco Correa o el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

El juez Pablo Ruz dictó en marzo de 2015 el auto de apertura de juicio oral contra Bárcenas, que se enfrenta a una petición fiscal de 42 y años medio, contra Correa, que se enfrenta a 125 años y un mes, y otros 37 acusados. Para Crespo, acusado de delitos como blanqueo, fraude fiscal y tráfico de influencias, el Ministerio Público pide más de 60 años de cárcel.

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