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Piden a una jueza argentina avances en la causa por crímenes del franquismo

Piden a una jueza argentina avances en la causa por crímenes del franquismo

EFE

Buenos Aires —

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Una treintena de españoles que apoya la causa abierta en Argentina por crímenes del franquismo solicitó hoy a la jueza argentina María Servini de Cubría que avance en la investigación a su cargo para lograr la justicia que “se les debe” a las víctimas y sus familiares.

La delegación española fue recibida en el Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, por Servini de Cubría, instructora de la causa abierta en 2010.

A la cita acudieron abogados argentinos y españoles, declarantes, querellantes, familiares de víctimas, el diputado por Barcelona de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco.

A la salida del encuentro, miembros de la delegación dijeron a Efe estar “satisfechos” con el recibimiento dado por la magistrada, quien les dijo que, pese a las dificultades que conlleva la investigación, está “comprometida” con la causa.

Pablo Mayoral, víctima del franquismo y que declarará este martes en el juzgado, dijo a Efe que está “ilusionado con que se pueda abrir nuevas imputaciones a los responsables de los crímenes franquistas”.

“Fui uno de los procesados en uno de los últimos Consejos de Guerra que hubo en la última etapa del franquismo que dictaron 11 penas de muerte: cinco de ellas fueron ejecutadas y cinco compañeros fueron asesinados el 27 de septiembre de 1975”, recordó.

Mayoral fue condenado a 30 años de prisión, de los cuales pasó casi tres en la cárcel hasta que fueron liberados todos los presos políticos.

“Hemos recibido mucho apoyo de muchos grupos de derechos humanos en Argentina, ha sido estupendo”, dijo por su parte Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, ajusticiado a garrote vil en 1974, y que también declarará este martes ante la jueza.

Otra de las querellantes, Elsa Osaba, dijo a Efe que este viaje a Argentina es “para dar un salto de gigante ya que España, el país que tiene esa responsabilidad, no nos oye”.

“Tenemos que venir aquí. Espero que la jueza tenga la sensibilidad de acoger nuestras quejas, nuestras demandas y nuestras propias querellas. No queremos venganza ni mucho menos, sino una justicia que se nos debe”, afirmó Osaba.

Entre los querellantes españoles que esta semana declararán por primera vez por los crímenes del franquismo se encuentra Asunción Mendieta, de 88 años, que pide justicia por el fusilamiento de su padre, Timoteo Mendieta, pocos días después del fin de la guerra civil española (1936-1939) en Guadalajara.

También prestarán declaración Andoni Txasko, en nombre de la Asociación de Víctimas 3 de Febrero, y Paqui Maqueda, de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, quien presentará a la jueza una mapa de fosas comunes en tres provincias andaluzas y una lista con 22.000 desaparecidos de Andalucía, Badajoz y África.

Servini libró en septiembre pasado una orden de busca y captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas supuestamente involucrados en delitos de represión durante la dictadura franquista (1939-1975).

El pasado viernes el Gobierno español acordó dar continuidad al procedimiento de extradición a Argentina de los dos que siguen vivos, Juan Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar.

En octubre pasado, Servini admitió a trámite la querella interpuesta por el partido independentista español Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por el fusilamiento en 1940 de su fundador y presidente de la Generalitat (Gobierno autónomo de Cataluña), Lluís Companys, y también lleva el supuesto robo de miles de bebés durante el franquismo.

Algunos de los demandantes explicarán este martes en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso argentino cómo está en este momento la situación en España en relación con los crímenes del franquismo.

La exhumación de las fosas comunes y las dificultades para buscar a sus familiares son algunas de las cuestiones de las que hablarán en esa comisión, junto a lo que consideran incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica española, aprobada en 2007.

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