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Podemos Andalucía propone que los ciudadanos puedan revocar a cargos electos a mitad de mandato con referéndum

Los cargos públicos cobrarán 1.930 euros, el triple del SMI, o el salario que tenían en su actividad profesional anterior

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Podemos Andalucía propone que los ciudadanos puedan revocar a cargos electos a mitad de mandato con referéndum

Podemos propone que los ciudadanos puedan revocar a los cargos electos a mitad de su mandato mediante referéndum, de forma que sean los votantes y no los órganos de cada partido los que decidan sobre su continuidad en el caso de que resulten imputados o de que la ciudadanía considere que no son "competentes" para el cargo.

Así lo ha anunciado este miércoles en Sevilla la candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, en la presentación de las medidas de transparencia y gestión pública que su formación prevé incluir en su programa para las elecciones autonómicas del próximo 22 de marzo, que será aprobado en los próximos días tras ser sometido a votación de la militancia a partir del próximo viernes y hasta el lunes día 2.

Según la propuesta de Podemos, para poder revocar a un cargo electo a mitad de su mandato será necesario en primer lugar reunir el 20 por ciento de las firmas del censo electoral de toda Andalucía, en un procedimiento similar al de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Una vez acreditada la validez de las firmas por la Junta Electoral, el Parlamento deberá fijar un día de votación en referéndum que decidirá si se revoca o no al cargo electo señalado.

Rodríguez, que ha estado acompañada por el número dos de la lista de Sevilla y abogado experto en anticorrupción, Juan Moreno Yagüe, y por la secretaria de acción institucional de Podemos, Auxiliadora Honorato, ha defendido que el objetivo de esta propuesta es que "no sean los órganos de los partidos, sino los ciudadanos" los que decidan si un cargo electo continúa al frente de su responsabilidad en caso de ser imputados o de no ser "competente" para el cargo.

"No hay que esperar a que los partidos expulsen a los corruptos", ha insistido la dirigente de Podemos, quien ha defendido que no hay que esperar a que los partidos expulsen a los "corruptos". "Los tribunales tienen que hacer su papel, pero también los ciudadanos", ha añadido Rodríguez, quien ha explicado que este mecanismo de "examen público" requeriría la reforma de la Ley Electoral de Andalucía.

HABRÁ ELECCIONES SI SE REVOCA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Por su parte, Honorato ha precisado que el cargo electo revocado sería sustituido por la persona siguiente de la lista electoral. Si bien, en el caso de que se trate de un consejero que no tenga escaño, sería el presidente de la Junta quien tenga que nombrar al sustituto. Si se revoca en el cargo al jefe del Ejecutivo andaluz ello supondría la convocatoria de elecciones.

Así, tras apuntar que este proceso sería similar al de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), Honorato ha indicado también que habría una oficina en el Parlamento que se velaría por la correcta tramitación de la misma. Si bien, ha dejado claro que una vez recogidas las firmas necesarias no existiría la posibilidad de que fuese "vetada" por parte de los grupos parlamentarios.

"UN MAYOR SUELDO NO IMPLICA MEJOR GESTIÓN"

Entre otras de las medidas que Podemos baraja incluir en su programa electoral se encuentra que todos los cargos públicos, incluyendo los miembros del Gobierno andaluz y parlamentarios, tengan limitadas sus retribuciones al triple del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), esto es 1.930 euros, o que mantengan el sueldo que percibían en su actividad profesional. Como se recordará, Rodríguez afirmó en una entrevista con Europa Press que si es elegida presidenta de la Junta tendrá el mismo salario que como profesora de Educación Secundaria.

"Nadie puede venir a la política a enriquecerse y salir con los bolsillos llenos. Los sueldos no pueden duplicarse ni triplicarse, pero tampoco que una persona se emprobrezca y cobre menos que en su actividad profesional", ha explicado Honorato. "Un mayor sueldo no supone una mejor gestión", ha apostillado la candidata a la Presidencia de la Junta.

En materia de transparencia, una de las medidas es la relativa a que los ciudadanos puedan acceder a las cuentas públicas de la administración pública como lo hacen a las suyas propias. "Para evitar la corrupción tenemos que conseguir que la administración andaluza exponga su estado contable a los ciudadanos y que estos puedan acceder de manera directa a todos los expedientes en materia de gastos, contratación y licitación", ha explicado Moreno Yagüe.

Así, tras defender que el nivel de transparencia de la administración andaluza tiene que ser "absoluto", el número dos de la lista por Sevilla ha indicado que los ciudadanos no solo deben ver una administración transparente, con paredes "de cristal", sino que tienen que poder "entrar dentro" de la misma y conocer "hasta el último detalle" de adónde van los fondos públicos y quiénes los reciben. El límite estará, según ha señalado, en la Ley de Protección de Datos.

HABRÁ UNA "REDUCCIÓN DRÁSTICA" DE ALTOS CARGOS

En materia de administración pública, Honorato ha defendido la profesionalización de los cargos públicos y ha criticado que muchos puestos de la administración pública sean designados por los políticos, lo que no garantiza que estén "los mejores" al frente de las instituciones. "Podemos hará que el mejor funcionariado esté al mando de los equipos en las consejerías", ha señalado.

Junto a ello, ha defendido que no se necesitan tantos cargos políticos en la administración y garantizado que su organización realizará una "drástica reducción" de los altos cargos en los distintos departamentos del Gobierno andaluz y de la "administración paralela", siendo "absolutamente contundentes" contra las prácticas de huida del derecho administrativo.

También ha destacado la necesidad de recuperar las competencias de la administración que hayan sido externalizadas o privatizadas, y de garantizar por ley unos "procedimientos de emergencia ciudadana" que implique la dotación especial de recursos para que las personas vivan en condiciones de dignidad, lo que conlleva reducción de plazos y prioridad en la ejecución de estos procedimientos.

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