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Rosa Díez pide por carta a Torres-Dulce que tome medidas contra Mintegi e inste a la ilegalización de Bildu
En la misiva, Rosa Díez recuerda que Mintegi participó junto a los diputados de Bildu Maribi Ugarteburu y Unai Urruzuno en el cerco que trató de impedir la detención de la colaboradora de ETA Urtza Alkorta, esgrimiendo su condición de aforada “y amenazando incluso” con llamar para quejarse al teléfono personal de la consejera de Seguridad vasca, Estefanía Beltrán de Heredia.
Por ello, reclama a Torres-Dulce que proceda a incoar diligencias para constatar estos hechos e impulse todas las actuaciones necesarias para que no queden impunes. A juicio de UPyD, estos hechos son indiciariamente constitutivos de un delito de resistencia grave o, cuanto menos, de un delito de resistencia contemplados en el Código Penal.
Todo ello, sin perjuicio de la eventual comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de un delito de desórdenes públicos. Además, la formación magenta considera “obvio e innegable” que estos actos destinados a impedir “por la fuerza” la detención de una persona acusada de colaboración con banda armada, serían encuadrables en varios supuestos de la ley de partidos políticos.
BILDU VULNERA LA LEY DE PARTIDOS
En la misiva, Rosa Díez también pide al fiscal general del Estado que proceda a instar “con la mayor brevedad posible” el procedimiento de ilegalización de EH BILDU, formación que considera que ha perpetrado diversos actos como concentraciones y homenajes a presos, críticas expresas sobre la detención de terroristas o negacionismo de sus crímenes mediante la constante utilización del calificativo de 'presos políticos' para referirse a los terroristas condenados que vulneran también la ley de partidos.
Según recuerda, UPyD ya pidió al fiscal que iniciara este procedimiento y éste rechazó hacerlo alegando “ausencia de elementos de convicción contrastados”. Sin embargo, le pide de nuevo que ponga el asunto en manos del órgano judicial competente, el Tribunal Supremo, para que decida sobre el asunto.
A su juicio, la decisión de si es o no “necesario” ilegalizar a tales formaciones políticas corresponde a la autoridad judicial, “máxime cuando, para escarnio de las víctimas y de la sociedad democrática, se han producido ya infinidad de actos susceptibles de encuadrarse en las conductas proscritas” por la ley de partidos.
