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El Salvador presenta a centenar de personas involucradas en boicot transporte
La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador presentó hoy a un centenar de personas involucradas en el “boicot” que sufrió el transporte público durante tres días desde el pasado 27 de julio.
El director de la PNC, Mauricio Landaverde, explicó que los sospechosos fueron capturados en distintas localidades del país centroamericano.
“Las capturas que se ejecutaron en base a las investigaciones de inteligencia desarrolladas desde el pasado 27 de julio, cuando estos grupos criminales atentaron contra el transporte público”, declaró Landaverde, que solo reveló que entre los detenidos están hombres y mujeres.
El director de la institución policial enfatizó que estas detenciones se unen a las capturas de 5 menores de edad involucrados en el asesinato de un conductor, y de tres sujetos que distribuían volantes con mensajes de amenazas al sector transporte.
Landaverde agregó que las investigaciones preliminares de la PNC señalan que los eventos desarrollados en contra del transporte colectivo se planificaron, conspiraron y coordinaron desde el interior de distintos centros penales, sin especificar cuales.
El funcionario policial hizo un llamado a la población, ante los supuestos rumores de un paro al transporte el día de mañana lunes 10 de agosto, a salir a trabajar sin ninguna preocupación.
“Hasta este momento no hemos logrado corroborar o confirmar tales amenazas, pero ya se están realizando las investigaciones precisas, al tiempo que ya se están desarrollando acciones preventivas para el sector transporte con el apoyo de la Fuerza Armada”, aseguró.
El centenar de detenidos serán acusados por actos terroristas y podrían purgar penas entre 8 y 15 años de cárcel.
El paro de transporte fue instigado, según el Gobierno, por la pandilla Barrio 18, facción Revolucionarios, a la cual se le atribuye el asesinato de 7 conductores y un usuario durante los días del boicot, así como amenazas a los chóferes para que paralizaran el servicio.
Los intentos de controlar el transporte público son interpretados por diversos sectores como mecanismos de chantaje de los pandilleros para pedir prebendas y concesiones al Gobierno.
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