Suu Kyi dice que no elude responsabilidades y está con quien sufre

La líder de facto de Birmania (Myanmar), Aung Sann Suu Kyi, dijo hoy que su Gobierno no elude responsabilidades y está con quien sufre, en alusión a la violencia contra la minoría musulmana rohinyá en el estado de Rakáin (oeste).

“A pesar de todos los esfuerzos, no hemos podido detener el conflicto (...) No es la intención del Gobierno eludir responsabilidades”, señaló Suu Kyi en una conferencia en Naipyidó ante diplomáticos, autoridades y periodistas.

“Condenamos todas las violaciones de los derechos humanos (...) Nos comprometemos al imperio de la ley y el orden”, añadió la premio nobel de la paz en 1991.

En la conferencia, retransmitida en directo por la televisión local, Suu Kyi se comprometió a llevar ayuda humanitaria a la región y a permitir el regreso de los refugiados rohinyás, a los que se refirió como “musulmanes”, huidos a Bangladés.

La nobel de la paz también se comprometió a resolver en los tribunales cualquier violación de los derechos humanos que haya podido ocurrir en Rakáin durante la ofensiva militar en respuesta a un ataque de militantes rohinyás el pasado 25 de agosto.

El mensaje a la nación de la líder birmana se produce unos días después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, calificara la crisis de los rohinyás de limpieza étnica y pidiera la suspensión de las acciones militares.

En su discurso, Suu Kyi afirmó que las operaciones militares en Rakáin finalizaron el pasado 5 de septiembre.

Sin embargo, el éxodo ha continuado después de esta fecha con la huida de unos 400.000 rohinyás -la mitad mujeres y niños- a la vecina Bangladés, donde sufren carencias de alimentos, agua y asistencia sanitaria.

Muchos rohinyás han denunciado haber sufrido ataques y violaciones por parte de las fuerzas de seguridad, a las que también acusan de haber quemado sus casas.

Se estima que más de un millón de rohinyás vivían en Rakáin víctimas de una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012, que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 rohinyás confinados en 67 campos de desplazados.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás, los considera inmigrantes bengalíes y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.