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UPyD ve el pacto antiyihadista como una "chapuza jurídica" y un "chanchullo" al calor del "oscurantismo bipartidista"

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que el pacto antiyidahista suscrito por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es un "chanchullo" nacido al calor del "oscurantismo bipartidista" y que, además, constituye una "chapuza jurídica".

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UPyD ve el pacto antiyihadista como una "chapuza jurídica" y un "chanchullo" al calor del "oscurantismo bipartidista"

"Se confirma el chanchullo que intentaron desde el primer momento, no dicen la verdad ni al médico", ha comentado la líder de UPyD, Rosa Díez quien, en declaraciones a Europa Press, ha denunciado que el Ejecutivo ni siquiera se haya dignado a acusar recibo del documento con sus propuestas en esta materia que UPyD le hizo llegar la semana pasada.

En el mismo argumento ha insistido en una rueda de prensa en el Congreso el 'número dos' de la formación magenta, Carlos Martínez Gorriáran, quien ha dejado claro a Gobierno y PSOE que no "cuenten con UPyD para este apaño". Los magenta ya avisaron la semana pasada de que no firmarían la proposición de ley y este martes han avanzado que decidirán su voto al respecto durante la tramitación y en función del tratamiento que se dé a sus enmiendas.

SIN FINANCIACIÓN, PURA PROPAGANDA

Además, Gorriarán ha reiterado que si las nuevas medidas penales que contiene el acuerdo no van acompañadas de financiación y más medios materiales y personales para prevenir y combatir este tipo de terrorismo será "ineficaz". "No será más que pura propaganda", ha apostillado Díez.

Asimismo, la formación magenta considera que el acuerdo es una "chapuza jurídica" porque viene a reformar un Código Penal que aún no se ha acabado de tramitar y "puede rebajar de facto el tratamiento de los delitos de terrorismo" puesto que al aceptar la revisibilidad de las condenas puede conllevar que algún terrorista salga de la cárcel sin haber cumplido la pena en su totalidad.

Para UPyD, el pacto "genera dudas sobre la incompatibilidad con la recién reformada ley de justicia universal", y "aleja las posibilidades" de que éstos "puedan ser considerados delitos de lesa humanidad", competencia por tanto de la Corte Penal Internacional.

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