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UPyD quiere limitar a cuatro años la indemnización a los expresidentes siempre que no cobren otra remuneración

Plantea el delito de financiación ilegal también para los sindicatos y que no pueda ser tesorero una persona investigada por corrupción

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UPyD quiere limitar a cuatro años la indemnización a los expresidentes siempre que no cobren otra remuneración

Unión, Progreso y Democracia quiere que la indemnización que perciben los expresidentes del Gobierno cuando dejan el cargo sólo pueda cobrarse durante los cuatro años siguiente a abandonar La Moncloa y que no pueda compatibilizarse con ninguna otra remuneración. También demanda crear el delito de financiación ilegal no sólo para los partidos, sino también para los sindicatos, y que no puedan ser tesoreros personas investigadas por delitos de corrupción.

Estas son algunas de las propuestas que la formación que lidera Rosa Díez ha incluido en las enmiendas parciales que ha registrado a los dos proyectos de ley con medidas de regeneración que ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En sus iniciativas relativas a la Ley Reguladora del Alto Cargo de la Administración General del Estado, UPyD aboga por que la Oficina de Conflicto de Intereses, que quiere que sea "independiente", se encargue de verificar la idoneidad del alto cargo, que no podrá ocupar dicho puesto en caso de que recaiga sobre la persona una investigación relevante y fundada de índole penal por delitos de corrupción.

EVITAR ENCHUFISMO

Además, quiere que las retribuciones que se establezcan para los altos cargos estén en consonancia con la responsabilidad del puesto a ocupar con el fin de que evitar que puestos de libre designación se creen para colocar de manera claramente "partidista" y "clientelista" a personas concretas.

Asimismo, el partido que lidera Rosa Díez plantea que se prohíba toda forma de retribución en especie que no sea transparente y esté "debidamente justificada" por la naturaleza del puesto, delimitar el uso de vehículos oficiales al uso exclusivo del desempeño de sus funciones.

En este punto, sugiere que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publique un informe semestralmente en el que detalle toda la información necesaria sobre los gastos de representación y kilometraje de los vehículos de la Administración General del Estado.

Las enmiendas de UPyD también limitan al 10 por ciento la participación de los altos cargos o sus familiares en empresas que contraten o reciban subvenciones de la Administración y endurece las incompatibilidades de los exaltos cargos manteniendo que éstos no puedan prestar servicios en los dos años siguientes a la fecha de su cese en entidades privadas afectadas por decisiones en que hayan participado.

Este órgano, según UPyD, aboga por que la Oficina de Conflicto de Intereses tenga "total libertad" de consultar los datos tributarios de los altos cargos con el fin de fiscalizar su actividad y por que los titulares de estos puestos presenten al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales en tres meses desde su toma de posesión y cese el certificado de su última declaración anual.

La formación magenta también quiere dar publicidad a las reuniones que las administraciones públicas, altos cargos y miembros del Gobierno mantengan con los 'lobbies' y poner fin a las "prebendas" y "beneficios" de las que gozan los ex presidentes del Gobierno por ser "incompatibles" con la situación actual de nuestro país.

En concreto, aboga porque reciban una pensión indemnizatoria durante los cuatro años inmediatos siguientes a partir del momento de su cese, retribución que, dice UPyD, estará condicionada a la percepción de cualquier otra retribución pública o privada.

Asimismo, UPyD ha presentado enmiendas tanto al proyecto referido a los altos cargos como al que versa sobre la financiación de partidos para crear el delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos y el de financiación ilegal, no sólo de los partidos, sino también de sus fundaciones y de los sindicatos.

Entre sus sugerencias al proyecto de ley orgánica de control económico de los partidos políticos, el partido que lidera Rosa Díez, que es partidario de eliminar subvenciones al mailing electoral, incluye un nuevo requisito de "honorabilidad" a los tesoreros para que no puedan serlo aquellos sobre los que recaiga una "investigación relevante y fundada, tanto en el ámbito penal como administrativo", sobre algún delito vinculado a la corrupción.

DAR CUENTA DE LA RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS

Además, reclama que los partidos estén forzados a incluir en sus cuentas anuales las donaciones privadas "tanto dinerarias como en especie de bienes inmuebles, muebles, bienes o derechos", recibidas de personas físicas o jurídicas, así como "referencias concreta", en cada una de ellas, que "permitan identificar al donante y señalar el importe del capital recibido o su valoración económica", así como que recojan "expresamente las condonaciones o renegociaciones de deuda".

También piden que esas cuentas incluyan las de todo el partido en toda su organización territorial incluido el ámbito europeo, todos sus grupos parlamentarios, sus fundaciones y las de las sociedades mercantiles en las que tengan una participación mayoritaria

En otra de sus enmiendas apuesta por prohibir que los partidos destinen fondos a la adquisición de bienes o servicios que no estén directamente relacionados con la actividad propia de su naturaleza o con su organización interna, así como que no puedan concentrar en un mismo proveedor la contratación de más de un diez por ciento de los bienes corrientes y servicios adquiridos en cada ejercicio.

UPyD también plantea que, además de la fiscalización del Tribunal de Cuentas los partidos y sus fundaciones se sometan obligatoriamente a una auditoría de cuentas, con la excepción de las fundaciones no reciban subvenciones públicas ni donaciones o aportaciones privadas y sus ingresos totales no superen los 600.000 euros en dos ejercicios consecutivos.

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