Visto para sentencia juicio contra Julián Muñoz y Roca por el caso Pinillo

La Audiencia Provincial de Málaga ha dejado hoy visto para sentencia el juicio que se seguía contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, por la operación urbanística en la finca “El Pinillo” de Marbella (Málaga).

El juicio comenzó el pasado marzo contra veintiuna personas por los delitos de estafa, fraude, cohecho, contra la ordenación del territorio, falsedad, prevaricación y alteración de subasta pública, aunque han quedado dieciséis acusados porque a cinco se les ha retirado los cargos.

Anticorrupción acusa a Muñoz, Roca y exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) por una operación urbanística desarrollada en dicha finca, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, presuntamente, en beneficio de los acusados.

Siete exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) se declararon culpables desde el comienzo del juicio, y, por tanto, se conforman con ocho años de inhabilitación para cargo público por prevaricación, pena solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el Ayuntamiento de Marbella.

Por su parte, Julián Muñoz se enfrenta a once años de cárcel y Juan Antonio Roca a quince años de prisión por los delitos de cohecho, estafa, fraude, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa.

Hoy en el turno de la última palabra, el exasesor ha dado las gracias por la flexibilidad del Tribunal a la hora de eximirlos de asistir algunos días o dejarlos salir antes para que pudieran comer en el centro penitenciario.

El fiscal mantiene en su escrito acusatorio que desde que llegó al poder el grupo GIL en Marbella “los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con el propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros”.

En este caso, Roca presuntamente promovió la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados.

Por su parte, Muñoz supuestamente tuteló desde su destino como regidor suplente, “firmando los decretos necesarios a tal fin”.

En un principio se realizó un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas de hacer un proyecto urbanístico, que no se concretó.

El proyecto se refería a un palacio de congresos, aunque luego tras obtener el título de inscripción, la actuación municipal estuvo lejos de promover la utilidad pública.

El fiscal mantiene en su escrito que después toda la operación hubo una infravaloración de los terrenos de 6,7 millones de euros.

Por ello, el fiscal mantiene que Muñoz y Roca “de común acuerdo” y “tras desapoderar los legítimos titulares de la finca”, no sólo no promovieron el palacio de congresos que justificó la expropiación sino que llevaron a cabo actos encaminados a trasmitirla a terceros interesados en realizar una producción inmobiliaria.