Una denuncia anónima contra Granados sirvió para iniciar la investigación de la red Púnica

Una denuncia anónima contra el exconsejero madrileño Francisco Granados recibida por correo postal en la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación de la empresa Waiter Music, relacionada con la red Púnica y cuyo propietario fue detenido en la operación que desmanteló esta trama corrupta.

Esta carta, contenida en el sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso Efe, se registró en la Fiscalía el 20 de marzo de 2013, y en ella se denuncia una “práctica habitual de Francisco Granados” respecto de esa empresa radicada en Aranjuez (Madrid), la cual, según el denunciando, “por supuesto no está a su nombre”.

Dicha empresa, continúa la carta, organizaba “las fiestas patronales de la mayoría de los grandes municipios de Madrid por decreto”, ya que, agrega en la misiva, “Francisco Granados se dedica a llamar a los alcaldes para 'asesorar' y ya de paso llevar cabo unos contratos muy sobrellevados, en donde una cantidad sobrante vuelve al partido”.

El denunciante anónimo envió esa carta “a nivel informativo” para que “se acabase con esta injusticia”, ya que confesaba dedicarse “al mismo sector” y haber perdido “bastantes contratos con incluso la contrariedad y obligatoriedad de que a algunos alcaldes no les gusta cómo trabaja Waiter Music”.

La Fiscalía remitió esa denuncia a la Guardia Civil y luego la Policía Nacional continúo investigando los hechos, en un informe en el que la UDEF concluye que no se observó ninguna vinculación entre esa empresa y Granados.

En el mismo informe, la UDEF detalla que la empresa fue adjudicataria de varios contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que ascendieron a 1,6 millones entre los años 2011 y 2013, pero no investigó si esos contratos se ajustaron a la legalidad.

Sin embargo, el empresario José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, fue detenido en la operación Púnica el pasado 30 de octubre.

El juez instructor de caso, Eloy Velasco, destacaba en su auto de prisión, de la que salió luego tras pagar una fianza, que Waiter Music fue “históricamente” adjudicataria “de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid, así como con empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid”, donde Granados “ocupó cargos de relevancia”.

Entre esas empresas públicas regionales el magistrado citaba al Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, Instituto Madrileños de Desarrollo y la Fundación Arpegio.

Además, desde 2004 a 2013, según Velasco, uno de los principales clientes de Waiter Music fue el Ayuntamiento de Valdemoro, del que Granados fue regidor (1999-2003) y cuyo alcalde José Carlos Boza Lechuga también fue arrestado.