Los detectives privados tendrán que hacer informes de sus investigaciones que estarán a disposición de la Policía

Las empresas de detectives privados tendrán que hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles “en todo momento” para jueces y policías. Esta es una de las principales novedades del anteproyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado por el Consejo de Ministros y presentado en rueda de prensa por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Según ha dicho, la nueva ley incrementa “el control sobre la actividad de los detectives privados” con estas nuevas obligaciones que consisten en “documentar los encargos en un contrato escrito” y en que “además del libro-registro que ya llevan, habrán de elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos”.

“El informe estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial”, precisa este anteproyecto en el que además se obliga a estas empresas a “presentar una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior”.

Fernández Díaz explicó que la modificación de esta Ley tiene por objeto evitar que se repitan hechos como la grabación de la conversación entre la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la ex novia del hijo de Jordi Pujol en el restaurante La Camarga de Barcelona.

PROHIBIDO MATERIALES QUE ATENTEN CONTRA LA INTIMIDAD

Precisamente la nueva Ley incluye la prohibición de usar servicios materiales o técnicos “que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones”. “Los informes deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial”, ha explicado el ministro del Interior.

Fernández Díaz ha argumentado que la seguridad privada en España “ha experimentado un extraordinario desarrollo” y ha destacado que el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros en 2011, según los últimos datos disponibles.

España es uno de los países que lidera este sector, pero mientras que es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la UE), el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la UE.

Explican desde Interior que la Ley de Seguridad Privada fue aprobada en 1992 y ya ha quedado ampliamente por la evolución de las nuevas tecnologías y además busca regular otros aspectos entre los que se encuentra evitar el “intrusismo” en el sector estableciendo “graves sanciones” que pueden llevar incluso al cierre de estas empresas de seguridad privada.

VIGILANCIA DE LAS CÁRCELES

También se contemplan nuevos servicios que hasta no estaban regulados o necesitaban actualizarse. Es el caso de los servicios de videovigilancia de los inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas, vigilancia de polígonos, urbanizaciones o zonas comerciales, servicios de planificación y la vigilancia perimetral de las prisiones siempre bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Sobre este último punto, el ministro del Interior ha asegurado que esta iniciativa también ha sido solictada por Cataluña, unica comunidad autónoma que cuenta con las competencias penitenciarias transferidas.