La fiscal venezolana no irá a su juicio en el Supremo y dice que no lo reconoce

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que no asistirá a la sesión de retirada de la inmunidad (antejuicio de mérito) en su contra en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que el proceso abierto viola la legislación para anular al Ministerio Público.

“Esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso; por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Ortega en una comparecencia en la sede de la Fiscalía venezolana.

La funcionaria, quien dijo no reconocer a la vicefiscal designada hoy por el Supremo en su lugar, Katherine Harrington, reconoció que hoy será apartada de sus funciones, al igual que el vicefiscal Rafael González.

Aseguró que no va a “convalidar un circo” que va a teñir la historia de Venezuela de “vergüenza y dolor” pues la “decisión está cantada” por lo que reiteró: “No los reconozco”.

Asimismo, señaló que solo tuvo acceso a su expediente el jueves pasado y que sus defensores solo pudieron asistir al Supremo a introducir una recusación del proceso en su contra esta mañana y que, de inmediato, los magistrados la declararon inadmisible.

Ortega indicó que con este acto del Supremo “quedará abierto el camino para aniquilar por vías violentas el descontento popular” y aseguró que la violencia no solo se observa con la agresión de manifestantes en la calle, sino también en “las acciones de las instituciones” que “perjudican a la colectividad”.

“Lo cierto es que a partir de esas apresuradas y defectuosas actuaciones de ese cuerpo judicial la democracia puede ser arrasada por factores políticos atrincherados en el poder que se escudan en las fuerzas coercitivas del Estado para contener el descontento popular”, agregó.

Insistió en que existe un “desborde de represión hacia el pueblo que reclama derechos” y que a los cuerpos policiales se han incorporado supuestos “grupos armados” para “atemorizar con armas de fuego a la población que se mantiene en la calle por el hambre y por la carencia de medicinas”.

“Después de los términos en que se ha abierto este proceso en mi contra, en contra de esta institución, es claro que el Tribunal Supremo perpetrará una nueva violación a nuestra legislación para anular la última institución capaz de proteger a las personas manifestantes que reclaman sus derechos”, afirmó.