Un funcionario que falsificó las notas de su hijo no perderá su empleo

Un funcionario acusado

de falsificar las notas de su hijo ha reconocido hoy los hechos y ha aceptado una sentencia por conformidad con una pena de dos años de cárcel, que pedirá no cumplir y, además, seguirá desempeñando su trabajo en el IES de Arzúa (A Coruña).

“Es reprochable, pero, humanamente, entendible” y, quizás, por ese argumento que expuso la defensa a los medios de comunicación tras haber aceptado una sentencia por conformidad, el funcionario que falsificó las notas de su hijo no irá a la cárcel y tampoco dejará de ejercer como administrativo en el centro educativo.

Juan Carlos M., que reconoció los hechos, ha aceptado una sentencia por conformidad con una pena de dos años de cárcel, que pedirá no cumplir, por un delito continuado de falsedad documental con el agravante de haberse aprovechado de su puesto de trabajo y la atenuante de haber confesado.

“Desde el primer momento reconoció los hechos. Nunca los ha negado. Lo ha hecho en un momento concreto y por un hijo. Es reprochable, pero humanamente, entendible”, ha justificado su abogado, Evaristo Nogueira, ante los periodistas tras la lectura de la sentencia en la Audiencia Provincial de A Coruña, donde no se ha celebrado el juicio oral por haber acuerdo previo.

La Fiscalía, que ha dado el visto bueno, pedía inicialmente que el hombre fuera condenado a cinco años de prisión, una multa de veinte meses a razón de nueve euros diarios e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas durante seis años.

Pero finalmente, la pena no conllevará ni prisión, porque no tiene antecedentes, ni tampoco le impedirá seguir desempeñando su puesto de funcionario público.

“Lo que hizo tiene su reproche y se ha manifestado a través de este procedimiento y la sentencia dictada por conformidad, pero, en todo caso, es un hecho humano, no estamos hablando de que mi cliente haya matado a nadie o haya robado dinero”, ha apuntado el letrado que le ha representado.

Nogueira ha anunciado que aunque la sentencia conlleva prisión va a “pedir en los próximos días la suspensión de la ejecución al no tener antecedentes y ser una pena no superior a dos años”.

El acusado sí tendrá que abonar las costas del proceso y seis euros diarios de multa durante nueve meses, pero al no haber “inhabilitación, podrá seguir trabajando como funcionario”.

A día de hoy, mantiene su plaza en el mismo centro educativo en el que, a principios de la década, se produjeron los hechos de los que Juan Carlos M. se arrepiente.

“Está arrepentido desde el primer momento y así lo ha reconocido ante las autoridades administrativas y judiciales”, ha asegurado su abogado, quien se ha mostrado convencido de que “no va a repetir la maniobra”.

“Ha pasado unos años malos en el proceso de instrucción, arrepentido y no volverá a suceder por su parte”, ha insistido.

El caso comenzó con una denuncia anónima, según ha revelado el letrado, por una alteración del expediente académico de su hijo para aparentar que había aprobado el bachillerato.

Las notas las modificó “en dos ocasiones con una única finalidad, no era una alteración constante del expediente”, ha precisado el abogado.

El funcionario de carrera con plaza en el IES de Arzúa modificó las calificaciones de su descendiente a través de una aplicación informática de la Consellería de Educación con el objetivo de que pudiera solicitar plaza en ciclos formativos de grado superior.