Los okupas del Luis Vives se enfrentan a penas de 3 a 12 meses de cárcel

Los denunciados tras okupar durante casi dos meses el colegio mayor Luis Vives de Valencia serán juzgados próximamente por un delito leve de usurpación de bien inmueble, penado con entre tres y doce meses de cárcel, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha estimado la petición de la Universitat de València y ha ordenado el desalojo del citado inmueble, al que accedieron “por la fuerza” varios jóvenes el pasado 1 de mayo y en el que algunos de ellos han permanecido hasta las seis de la mañana de hoy, cuando han sido desalojados por la Policía.

Según el TSJCV, la instructora acuerda así la medida cautelar solicitada por la Universitat, que recientemente presentó un escrito en el Juzgado solicitando que se oficiara a la Policía Judicial para que se procediera al desalojo del inmueble ubicado en la avenida de Blasco Ibáñez “ocupado sin autorización de la propietaria”.

A petición de la Universitat, la jueza dictó ayer el auto en el que ordenó a los agentes “que procedan a desalojar a los ocupantes que ilegalmente se encuentran en el inmueble”, cerrado desde 2012 por “graves” problemas estructurales.

En la misma resolución se ordena que se identifique a la personas que estén ocupando el edificio en el momento del desalojo y se requiere a la Universitat, como propietaria del mismo, para que “adopte las medidas pertinentes para evitar nuevas ocupaciones” una vez ejecutado el desalojo y recuperada la posesión del bien inmueble.

El desalojo es una medida cautelar dictada en el marco de un procedimiento judicial, en el que ya se ha acordado juzgar a los okupas por un delito leve de usurpación de bien inmueble.

Según el Tribunal Superior de Justicia, el juicio, ya convocado, aún no tiene fecha y se celebrará cuando los denunciados designen abogado.

La causa por un delito de usurpación de bien inmueble se abrió el mes pasado, tras recibir una denuncia por ocupación presentada ante el Cuerpo Nacional de Policía por el director de Seguridad de la institución académica.

Este presentó la denuncia el pasado 1 de mayo en la comisaría del distrito de Exposición, tras el aviso del vigilante del colegio mayor, quien le comunicó que unas veinte personas habían saltado la valla del recinto y habían roto el candado de la cadena que lo mantenía cerrado.

El denunciante advertía de que las instalaciones estaban en ruinas y pendientes de acondicionamiento y que existían informes técnicos sobre el riesgo para las personas por posible derrumbe, “informes que no han sido aportados al procedimiento judicial”, señala el TSJCV.