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El líder opositor kirguís condenado a ocho años de prisión por corrupción

El líder opositor kirguís condenado a ocho años de prisión por corrupción

EFE

Moscú —

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El líder del partido opositor de Kirguizistán Ata-Meken (Patria), Omurbek Tekebáyev, fue condenado hoy a ocho años de prisión por corrupción, seis meses después de ser detenido y acusado por los servicios de inteligencia de ese país centroasiático.

“La culpabilidad de Tekebáyev ha sido demostrada. Ha sido condenado a ocho años de prisión”, según la sentencia de un tribunal de Biskek.

Tekebáyev, considerado el padre de la actual Constitución kirguís, había criticado la reforma constitucional -promovida por el actual presidente, Almazbek Atambáyev, y aprobada en referéndum en diciembre- que ha reforzado el poder del Gobierno en detrimento de la Presidencia, el Parlamento y las autoridades regionales.

La justicia kirguís le ha hallado culpable de recibir un soborno de un millón de dólares cuando era viceprimer ministro del Gobierno interino en 2010.

La denuncia partió del empresario ruso Leonid Mayevski, propietario de un operador de telefonía móvil.

Kirguizistán celebrará elecciones presidenciales el próximo 15 de octubre y el gobernante Partido Socialdemócrata de Kirguizistán (PSK) de Atambáyev ya ha presentado como su candidato al actual primer ministro, Sooronbai Zeenbékov.

Atambáyev no puede repetir como jefe de Estado al prohibirlo la Constitución, que limita la Presidencia a un único mandato de seis años, pero sí podría optar al cargo de jefe de Gobierno, ahora que la reforma constitucional ha reforzado las competencias atribuidas a ese cargo.

El presidente kirguís, sin embargo, ha asegurado que no tiene intención de liderar el Ejecutivo una vez expire su mandato.

Gracias a la reforma constitucional, el primer ministro podrá nombrar y destituir a miembros de su gabinete sin consultar con el presidente, designar a dirigentes de administraciones estatales sin el consenso de los consejos territoriales y vetar proyectos de ley del Parlamento si éstos implican incrementar el gasto presupuestario.

La reforma constitucional también endurece las condiciones para una moción de censura al Gobierno: en lugar de una mayoría simple, como hasta ahora, la propuesta para destituir al Ejecutivo deberá ser apoyada por una mayoría cualificada de al menos dos tercios.

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