CCOO y UGT llevarán el 25 de mayo al Congreso la ILP para una renta mínima

CCOO y UGT culminan estos días la recogida masiva de firmas, un mínimo de 500.000, para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dote de una renta mínima a dos millones de hogares sin recursos o que viven en el umbral de la pobreza, y que los sindicatos llevarán al Congreso el 25 de mayo.

En declaraciones a los medios, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han explicado que hoy y mañana se intensificará la campaña de recogida de firmas, en toda España, al objeto de hacer más visible el tema de la pobreza salarial y social y convertir estos dos asuntos en el eje de la campaña y el debate electoral.

En concreto, tanto UGT como CCOO han sacado sus equipos a la calle y los han distribuido por empresas, hospitales, Metro, estaciones de Renfe y aeropuertos con la intención de recabar, en las últimas semanas de mayo, el mayor número de firmas y explicar a la sociedad el alcance de esta medida.

El líder de UGT ha señalado que el próximo Parlamento deberá debatir y acordar una renta mínima garantizada para todos los ciudadanos sin recursos y ha subrayado la importancia del momento, en torno a las elecciones del 26 de junio, para colocar al empleo y a la pobreza en el centro del debate electoral.

No obstante, Álvarez ha considerado que este debate se debería mantener independientemente de la situación económica y del empleo que exista en el país.

Por su parte, Fernández Toxo ha hecho hincapié en las lagunas que tiene España en protección social y que se han hecho más evidentes que nunca con la crisis.

“La protección por desempleo ha caído a mínimos históricos pero, además, muchos de los que las perciben son prestaciones asistencias de escasa cuantía” ha comentado.

Fernández Toxo ha apuntado al paro de larga duración con ausencia de perspectivas de empleo que se traduce en dos millones de hogares sin ingresos o muy insuficientes.

La prestación que plantean los sindicatos tendría 2,1 millones de potenciales beneficiarios y una cuantía que estaría en el 80 % del Iprem, es decir, unos 426 euros, que debería complementarse en función de las cargas familiares.

Se trataría de una prestación vinculada a la Seguridad Social y aprobada en los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, dependiente de la Administración General del Estado.