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El Congreso da el primer paso para garantizar las pensiones a los huérfanos por violencia machista

El PSOE presenta una proposición de ley para garantizar las pensiones de orfandad por violencia machista

Marta Borraz

El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE para corregir la situación de los huérfanos por violencia machista que no cobran pensión de orfandad. No hay datos oficiales, pero si sus madres no cumplían los requisitos que establece la ley, no reciben esta prestación, lo que agrava la situación de desamparo que viven estos menores.

La iniciativa contempla, además, el aumento de las cuantías que perciben estos menores –hasta los 677 euros al mes–, que han visto como sus padres o las parejas o exparejas sentimentales de éstas han ejercido violencia contra ellas hasta asesinarlas. La portavoz socialista Ángeles Álvarez, que ha defendido la propuesta en el pleno, ha denunciado la situación “de indefensión absoluta” en la que se encuentran estos menores.

A pesar de apoyar la iniciativa, para otras formaciones llevarla al pleno supone “un uso partidista” del asunto porque “se podía haber negociado con todos los grupos” o tramitado “a través de la subcomisión” que está articulando el pacto de Estado contra la violencia machista, en opinión de la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín. Por su parte, el PP ha hecho hincapié en “defectos de forma” de la propuesta, pero ha remarcado estar “de acuerdo con el fondo”.

El contenido de la iniciativa

La reforma de la Ley de Protección a la Infancia impulsada por el PP en agosto de 2015 incorporó una modificación que convirtió a los niños y niñas que han perdido a su madre por violencia machista en huérfanos absolutos (de madre y padre), de manera que pasaban de cobrar el 20% de la base reguladora de la madre al 52%. Sin embargo, no se cambiaron los requisitos para acceder a la prestación: Que su madre hubiera cotizado al menos 15 años o estuviera apuntada como demandante de empleo.

Por ello, la proposición pretende eliminar estos condicionantes porque, tal y como señala Álvarez, “es común que estas víctimas sean expulsadas del mercado laboral por sus circunstancias personales”. Una situación que se pretende corregir para que sus hijos e hijas dejen de ser “víctimas invisibles” a las que se victimiza doblemente: “A su condición de víctima y su situación de orfandad se suma el abandono de los poderes públicos”, asegura la propuesta.

La idea es aumentar la prestación hasta el 70% de la base reguladora de la madre y en caso de que la víctima tuviera más de un hijo o hija, la pensión ascendería hasta el 118%, “igualándose así con la pensión de viudedad”. “Además se propone que el cobro de la prestación se retrotraiga hasta el momento en que fue concedida porque en ocasiones se tardan meses en conceder”, explica Álvarez.

La falta de garantía de las pensiones de orfandad no es el único escollo que viven los huérfanos por violencia machista: 169 desde 2013, año en que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad comenzó a contabilizarlos en sus estadísticas oficiales. Tampoco el Estado ha diseñado protocolos específicos, no hace seguimiento de los casos y obvia la puesta en marcha de ayudas para su recuperación.

Además, es frecuente que las nuevas personas que se encargan de los menores –es común que sean las abuelas maternas– atraviesan dificultades económicas. Por otro lado, muchas de estas familias tienen problemas para deducirse de la declaración de la renta la desgravación fiscal prevista para el cuidado de hijos o hijas. Obstáculos que el PSOE asegura que abordará en el futuro y que posiblemente el Congreso incluya en el pacto de Estado contra la violencia machista que está articulando.

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