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La CorteIDH realiza una audiencia contra Perú por tortura y violación

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La CorteIDH realiza una audiencia contra Perú por tortura y violación

La CorteIDH realiza una audiencia contra Perú por tortura y violación

Testigos y peritos declararon hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) acerca del caso contra Perú por presunta violación y torturas contra una mujer identificada solo como "J" mientras estuvo detenida como presunta terrorista en 1992.

En la audiencia de un día, celebrada en la sede de la Corte en Costa Rica, los jueces escucharon el testimonio de una hermana de "J" (identidad protegida), de la fiscal Magda Atto y de peritos propuestos por las partes.

La hermana de "J" relató a los jueces las implicaciones psicológicas que ha tenido esta situación en la vida de la víctima, así como las repercusiones para la convivencia de toda su familia.

La demanda indica que "J" fue detenida de forma "ilegal y arbitraria" en los registros domiciliarios realizados el 13 de abril de 1992 por parte de agentes estatales, quienes "incurrieron en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violación sexual".

Estos hechos habrían continuado en el traslado de la detenida a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) y su privación de libertad, aparentemente sin control judicial y en condiciones inhumanas de detención durante 17 días.

En junio de 1993 "J" fue absuelta, tras lo cual salió de Perú, pero el 27 de diciembre de 1993 la Corte Suprema de Justicia declaró nula la absolución y ordenó un nuevo juicio, por lo que actualmente persiste en Perú un proceso abierto contra la mujer y una orden de captura internacional.

La fiscal Magda Atto se refirió ante los jueces sobre su participación en los operativos policiales realizados el 13 y 14 de abril de 1992 en los que fue detenida "J", los allanamientos domiciliarios y las investigaciones realizadas por el Ministerio Público.

Atto afirmó que condujo operativos contra el terrorismo y nunca bajo su mando se produjeron violaciones sexuales, torturas o tratos degradantes contra algún detenido.

Además, aseguró que "J" nunca se quejó con ella ni presentó denuncia alguna, e insistió en que como fiscal velaba "personalmente" por el resguardo de los derechos de los detenidos.

La representación de la víctima pidió a la Corte una condena contra el Estado peruano por la violación de derechos como la integridad personal, protección judicial, libertad personal, garantías judiciales, legalidad y no retroactividad, protección a la honra y dignidad, y a la vida privada y familiar.

También solicitó declarar culpable al Estado por violar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

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