El Gobierno busca que las empresas se libren de su responsabilidad ambiental por un precio
El Gobierno trabaja en el desarrollo de un reglamento que da la posibilidad a las compañías de desentenderse y dejar en manos de terceros su obligación de compensar la destrucción medioambiental que causen sus proyectos.
El Ministerio de Medio Ambiente ultima los detalles de aplicación de su ley de evaluación ambiental y está puliendo el concepto de bancos de hábitat –también llamados bancos de conservación–. Su funcionamiento es el siguiente: una empresa que con su obra va a destruir determinados hábitats y especies, podrá dirigirse a un banco de créditos y adquirir la cantidad equivalente al daño causado. Con el dinero, particulares y empresas dedicadas a poner en marcha mejoras ambientales realizarán actividades de compensación. La herramienta recurre al principio de “quién destruye paga”, similar al “quién contamina paga”, que rige los mercados de emisiones.
La destrucción de la naturaleza derivada del desarrollo de la construcción de una carretera, un aeropuerto o una urbanización es responsabilidad de la empresa promotora de la obra. En la actualidad, si un proyecto de inevitable construcción va a provocar un gran impacto medioambiental le corresponde a la empresa responsabilizarse de las llamadas medidas de compensación: obras o actividades que generen un efecto equivalente en términos de pérdida de biodiversidad y daños a hábitats o ecosistemas. Por ejemplo, si una construcción destruye un área que alberga ciertas especies animales, será obligatorio crear otra zona que cumpla la misma función y de similares características. Lo más adecuado es compensar en el mismo lugar donde se produce el impacto. El reglamento de los bancos permitirá a las empresas escabullirse de esta responsabilidad directa y solventar las trabas ambientales con un pago.
Los ecologistas llevan tiempo denunciando las carencias del sistema actual. Denuncian la falta de rigor de las Declaraciones de Impacto Ambiental. Un estudio elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) concluye que entre 1990 y 2011 las medidas de compensación se diseñaron y pusieron en marcha de forma incorrecta o ni siquiera se llevaron a cabo.
Pero la alerta se ha desatado a raíz de la intención del Gobierno de implementar los bancos de conservación en España: “Si no es capaz de cumplir con las medidas que tenemos a nuestra disposición actualmente, ¿cómo va a serlo de ejecutar un instrumento más complejo y de mayor riesgo?”, se pregunta Gema Rodríguez, Técnico de Especies de WWF España. Y es que este método, que funciona en Estados Unidos desde principios de los años 80, instaura una alianza entre el libre mercado y la conservación de la naturaleza, analiza la ambientalista.
En palabras de Rodríguez, se trataría de que “las compañías puedan comprar licencias para generar un daño ambiental”. Será un mecanismo voluntario, pero las organizaciones ecologistas sostienen que es una forma de que las empresas eludan su responsabilidad. En otros países donde funciona este instrumento como Alemania es el Estado el encargado de decretar en qué ocasiones y de qué forma la compensación se hace mediante esta herramienta.
El riesgo de la especulación
Los grupos ecologistas afirman que, según el último borrador del reglamento que prepara el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Administración también delegará parte de su obligación de control. El Ejecutivo prevé la creación del supervisor de bancos de conservación, una figura encargada de evaluar la efectividad de las medidas implantadas. “En vez de encargarse de ello la Administración pública, recaerá sobre empresas privadas”, comenta Rodríguez, “se le da un poder excesivo al sector privado en un tema tan delicado e importante como la conservación de la naturaleza”, prosigue.
En el otro lado se encuentran empresas especializadas en el desarrollo de los bancos de hábitat como Ecoacsa, que en el informe Bancos de hábitat, una solución de futuro mantiene que son una herramienta eficaz contra la pérdida de ecosistemas. En él defiende los llamados instrumentos de mercado, que permiten dar valor a los recursos naturales. En su opinión, “no considerar los costes ambientales de la economía de mercado en la que estamos sumergidos es una de las causas por las que el desarrollo está minando estos recursos, pues si son gratis no importa escatimar en el uso de los mismos”.
Las organizaciones ecologistas, sin embargo, no dejan de ver grietas en el reglamento y piden su retirada. En opinión de Theo Oberhuber, Coordinador de Campañas de Ecologistas en Acción, la idea abre también la puerta a la posibilidad de especulación, pues la equivalencia monetaria de los créditos va a estar sujeta al libre mercado. “El precio no va a ser fijo, sino que va a fluctuar dependiendo de la oferta y la demanda”.
Desde WWF lo ejemplifican de la siguiente manera: El coste de un crédito de un tipo de hábitat muy extendido podría bajar por exceso de oferta y el de zonas aisladas o de conservación costosa sería alto, dejando de ser atractivas para las empresas. “El libre mercado no actúa en base a las necesidades de conservación, sino a intereses y criterios económicos vinculados al máximo beneficio”, comenta Oberhuber.
Gema Rodríguez considera, además, que no se siguen los principios básicos que deben regir los bancos de conservación según varios organismos internacionales. Entre ellos, la adicionalidad. Es decir que este sistema no solo debería impedir la pérdida de biodiversidad sino, en la medida de lo posible, generar una ganancia en este sentido.
Sin embargo, el Ministerio mantiene en el último borrador de la legislación la posibilidad de llevar a cabo la compensación en espacios protegidos, aquellos que el Gobierno ya tiene la obligación legal de conservar. Es el caso de la Red Natura 2000, la red ecológica europea de áreas de conservación de biodiversidad. Rodríguez es escéptica y considera que con esto el objetivo “es financiar la Red Natura, es decir, conservarla a costa de generar daño ambiental”.
¿Tiene precio la naturaleza?
Pero existe otra razón de oposición más filosófica: ¿se le puede poner precio a la purificación del aire o del agua? ¿y a la polinización de los cultivos? Según Oberhuber “la biodiversidad no tiene precio y no se puede mercantilizar”. Ecologistas en Acción asegura que hacerlo “garantizará beneficios privados para una minoría de la sociedad mientras los ecosistemas, indispensables para la vida, serán destruidos por grandes proyectos e infraestructuras”.
La implantación a gran escala de esta idea es la que preside el mercado de emisiones, un complejo sistema adoptado a nivel internacional en 1997 cuya intención es frenar el avance del cambio climático. La premisa se basa en que aquellos actores que contaminen y no cumplan los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, adquieran derechos de emisión y paguen para que otros lo hagan. “Además de no impedir el cambio climático, ha generado enormes beneficios para actores financieros e industriales”, remarcan desde Ecologistas en Acción.
Las organizaciones ecologistas han mantenido varias reuniones con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, para presentarle sus alegaciones. El Ministerio confirma que su intención es alcanzar el consenso, sin embargo, desde WWF afirman que tras las reuniones “vemos que no se han tenido en cuenta los aspectos clave”. Lo que tienen claro es que “hay un objetivo de contentar a los propietarios privados”. Las ONG están a la espera: “No sabemos si nuestras opiniones se tendrán en cuenta o se pasarán por alto y se aprobará según está redactado el reglamento, pero esperemos que no”.
