La Junta de Andalucía califica de “despropósito” el recurso a la jornada de 35 horas

La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha calificado de “auténtico despropósito” y “jarro de agua fría” para los empleados públicos andaluces el recurso del Gobierno central contra la aplicación de la jornada laboral de 35 horas.

En un comunicado de la Junta, Montero ha reclamado al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro que revoque esta decisión y pida al Tribunal Constitucional que levante la suspensión cautelar, para que quede sin efecto el recurso y evite los efectos perjudiciales que a nivel organizativo provocaría en la administración de la Junta.

La consejera le ha trasladado la necesidad de abrir una ronda de contactos y negociaciones con las comunidades autónomas para que “no se dé ni un paso atrás” y no solo se deje sin efecto la suspensión en Andalucía, sino para que se arbitren medidas orientadas a extender la jornada de 35 horas al conjunto de los empleados públicos del Estado.

Ha lamentado que el Gobierno central haya dejado transcurrir nueve meses para interponer el recurso, sin que se hayan producido durante todo este tiempo reuniones políticas para alcanzar un acuerdo “razonable” sobre la medida que se implantó en el sector público andaluz el pasado mes de enero.

“El Gobierno ha agotado el plazo para presentar el recurso sin que haya habido diálogo con Andalucía”, ha criticado.

Del mismo modo, ha considerado que la suspensión de la jornada de 35 horas en Andalucía no tiene sentido una vez que el Gobierno central ha manifestado su intención de incluirla en los próximos presupuestos generales del Estado con carácter general para todo el territorio nacional.

Según ha explicado, la Junta aún no dispone de la comunicación oficial del Pleno del Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite del recurso y la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas.

Una vez notificada y publicada en el BOE se iniciará un periodo de 15 días para la presentación de alegaciones, plazo que coincidirá con el mes de agosto que es inhábil en el ámbito judicial y por ello, será en septiembre cuando el Gobierno andaluz traslade al Constitucional los argumentos políticos, jurídicos y organizativos que respaldan la competencia de la comunidad autónoma en la materia, según la nota.

Montero ha confiado en que no se provoque “ningún tipo de retroceso” para los empleados públicos andaluces, ya que la jornada de 35 horas es “un derecho laboral” que fue suspendido durante la crisis y que “ahora es de justicia devolverles”, ya que con su esfuerzo y dedicación han permitido que no se vieran mermados los servicios públicos en los últimos años.

También ha destacado que la reducción de la jornada permitiría la creación de unos 7.000 empleos en el sector público, fundamentalmente en los ámbitos sanitario y educativo.