Podemos lleva al Congreso cinco medidas para un “rescate educativo”

Podemos ha registrado hoy en el Congreso un paquete de cinco medidas para un “rescate educativo” ya que considera que hay que revertir la actual situación de la enseñanza, lo que pasaría por derogar la Lomce y apoyar de forma especial a la educación pública.

La portavoz del Podemos en la comisión de Educación de la Cámara baja, Irene Montero, ha asegurado que “el derecho a la educación está en serio peligro” y se corre “el riesgo de condenar a la exclusión” a muchos jóvenes en materia educativa.

En concreto, el grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado cinco proposiciones no de ley en defensa de la educación pública en las que ha venido trabajando con las organizaciones civiles del sector educativo.

Entre ellas, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), cuyo presidente, José Luis Pazos, ha acompañado a Montero en el momento del registro de las iniciativas.

Las cinco medidas son: derogar la Lomce, invertir en la educación para acabar con la desigualdad, garantizar el derecho a la escolarización en la escuela pública, reducir las tasas universitarias para acabar con la exclusión y garantizar la oferta de plazas públicas y gratuitas de 0-3 años.

Montero ha comentado que “parar” la Lomce “no sirve” sino que hay que derogarla porque no se puede aplicar algo con lo que la comunidad educativa “no está de acuerdo”.

Ha abogado por buscar “el consenso” para una nueva norma en la que los verdaderos implicados en el sistema educativo ofrezcan soluciones a las verdaderas necesidades del sistema.

Podemos quiere revertir también los recortes acometidos por el Gobierno del PP en los últimos años que, en opinión de Montero, “han propiciado un aumento progresivo de la exclusión y la desigualdad en nuestro país”.

Ha puesto como ejemplo de los recortes la disminución en 36 millones de euros del gasto educativo de las administraciones públicas o que haya 25.000 profesores menos mientras se han incrementado en 800 mil los alumnos.

Además, se han marchado de la universidad -ha continuado- 86.000 estudiantes por el “tasazo universitario”.

Javier Sánchez, miembro también de la Comisión de Educación, ha hecho hincapié precisamente en la necesidad de acabar con las tasas universitarias que han ido aumentado desde 2012 y se da la circunstancia de que una misma carrera en Cataluña puede costar 5.000 euros más que en Galicia.

Asimismo, ha calificado de “positivo” el acuerdo alcanzado ayer por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para que hasta 2017 no se puedan ofertar carreras de tres años con másteres de dos años, tal y como permite un decreto aprobado por el Gobierno en 2015.

Sánchez ha comentado que primero hay que asegurarse que vuelvan a las facultades los estudiantes que las dejaron por no poder pagar los precios de los grados o de los másteres y después plantearse un nuevo catálogo de carreras.