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Trabajadores del Registro Civil presentan recurso contra el Estado de Chile

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Trabajadores del Registro Civil presentan recurso contra el Estado de Chile

Trabajadores del Registro Civil presentan recurso contra el Estado de Chile

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y los funcionarios del Registro Civil chileno presentaron hoy un recurso de queja contra el Estado de Chile, a raíz de la actuación del Gobierno frente al paro de 39 días que protagonizó el servicio.

En representación de los trabajadores, asistieron a las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, y la presidenta de los funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz.

Frente a esto, Díaz señaló que las protestas por demandas laborales "no han terminado, solo depusimos el paro".

Asimismo, agregó que "necesitamos la protección y ayuda de los compañeros internacionales", en alusión a "eventuales represalias" que podría iniciar el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

El recurso, empezará su tramitación en la sede de la OIT en Ginebra el próximo viernes y se destacan "las vulneraciones de los representantes del Gobierno de Chile", precisó De la Puente, refiriéndose a las amenazas de invocar la Ley de Seguridad del Estado y el llamado a aplicar "sanciones administrativas".

El Registro Civil e Identificación chileno depuso el lunes pasado una huelga por mejoras salariales que mantuvo por 39 días, en los que solo se realizaron turnos humanitarios (éticos) de atención a clientes.

Durante ese periodo, el servicio acumuló más dos millones de trámites, lo que se tradujo en largas filas de usuarios durante el paro que fueron reduciéndose gradualmente al retomar sus funciones.

En los últimos días, las personas pernoctaban para poder quedar en los primeros lugares de la fila y en varias oportunidades la dirigente Díaz fue insultada y atacada con monedas al igual que el director del servicio.

La movilización, la más larga de este organismo desde el retorno de la democracia en 1990, incluyó amenazas de huelga de hambre, la destitución de la directora nacional del organismo, Teresa Alanis, amagos de sumario y el despido de algunos directores regionales.

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